Por Manuel Menacho*
Bolivia es posiblemente uno de los países de la región, que ha producido mayor cantidad de normativa relacionada a la temática ambiental en los últimos tiempos. Con la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional el 2009, se quería (o por lo menos es lo que nos querían hacer creer) mostrar una nueva visión de país, direccionada a una sociedad respetuosa y que vive en armonía con el medio ambiente, su llamado “Vivir Bien”, en donde teóricamente el Estado jugaría el rol de fiscalizador y sería el mayor impulsor y ejemplo para que estas normas sean respetadas.
Han pasado ya casi nueve años, desde la promulgación de la actual carta magna y lamentablemente, la realidad es una muy distinta. El gobierno en sus distintos niveles, no solo se ha encargado de no cumplir y hacer cumplir los lineamientos que sus propias leyes establecen, sino que también los problemas socioambientales se han amplificado considerablemente. Un claro ejemplo y del cual desafortunadamente poco se habla y se escucha, es el caso de los transgénicos y el uso indiscriminado de agrotóxicos en el país.
Actualmente en Bolivia 82 % de los alimentos lo produce la agroindustria y solo un 18% la agricultura campesina, el 99% de la soya que se produce es transgénica, de la cual el 80% es utilizado para la exportación y existe información de que hay más de 70.000 Has., de maíz transgénico ilegal, cultivadas (Fuente: INIAF, MAGDR, INE). Estos datos deberían llamarnos fuertemente la atención, en especial con lo referente al tema del maíz transgénico. Bolivia al ser un país centro de origen del maíz, corre el riesgo de perder la valiosísima diversidad genética cultural y tipos de maíz que posee (más de 77 razas), lo cual podría considerarse un atentado directo a los derechos de la Madre Tierra, violentando de esta manera derechos y principios consagrados en nuestra Constitución y otras normas nacionales e internacionales.
Al margen de la posible contaminación y consecuente pérdida del patrimonio genético, los efectos del ingreso de organismos genéticamente modificados (transgénicos) y el uso agresivo de agrotóxicos son devastadoras en términos de salud, desplazamiento de pequeños y medianos productores, afectaciones a recursos hídricos, degradación y deforestación de grandes cantidades de tierra, pérdida de saberes y conocimientos ancestrales, etc., pero además su uso y producción derivan en una trasgresión gravísima al ordenamiento jurídico nacional.
Actualmente el compendio de normativa que regula el tema es muy amplio, partiendo desde nuestra Constitución. Claramente en su artículo 16, se establece que es obligación del Estado la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Ya en su artículo 255 numeral 8vo de manera más directa, establece que para la negociación, suscripción y ratificación de cualquier tratado internacional es necesario garantizar la seguridad y soberanía alimentaria prohibiendo la importación, producción y comercialización de transgénicos y elementos tóxicos que puedan dañar la salud y el medio ambiente.
Además de lo que nuestra ley suprema establece, tenemos por ejemplo lo señalado en la ley 300 Ley de la Madre Tierra que indica en su artículo 24 numeral 7, que en lo referente a actividades ganaderas y de agricultura es necesaria la protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio nacional de las que Bolivia es centro de origen o diversidad (como es el caso del maíz), y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana. En el siguiente numeral, (en el 8) también se establece que el Estado irá desarrollando acciones para eliminar gradualmente los cultivos de transgénicos autorizados en el país (caso soya). En este interesante compendio normativo también podemos encontrar la ley 071 de los Derechos de la Madre Tierra, la cual es la única ley en el mundo que reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos, la cual establece en su artículo 2 que la Madre Tierra tiene el derecho a la diversidad de la vida que implica que los elementos que la componen no deben ser alterados genéticamente ni modificados de manera artificial.
Otra norma importante y poco conocida es la Ley 622 sobre el desayuno escolar, la cual indica en su artículo 7, que queda prohibida la contratación de alimentos genéticamente modificados (transgénicos) para la Alimentación Complementaria Escolar. Al mismo tiempo, es importante señalar de que existe normativa (Decreto Supremo 2452 y 2735) referente al etiquetado de alimentos o productos elaborados a partir de transgénicos, la cual exige que todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta, que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición. Por otra parte Bolivia es signatario y ratificó el protocolo de Cartagena, el cual es un tratado internacional que tiene como objetivo proteger la diversidad biológica de las amenazas que derivan de la modificación genética estableciendo procedimientos para que los estados tomen decisiones informadas sobre esta temática.
La normativa mencionada líneas arriba junto con otras leyes complementarias, sirvió para armar una denuncia en el mes de mayo del presente año, encabezada por la Plataforma Boliviana Libre de Transgénicos, denunciando plantaciones de maíz transgénico en la región del Chaco boliviano y uso desmesurado de agroquímicos en el territorio nacional, la cual fue presentada a las instituciones encargadas de velar el cumplimiento de la ley, tales como el INIAF, SENASAG o el Ministerio de Medio Ambiente. Una vez presentada esta denuncia, los encargados de estas instituciones simplemente se limitaron a indicar que se realizaría la respectiva quema de estos sembradíos. Lastimosamente días después, funcionarios de estas instituciones indicaron que realizada la investigación in situ, no se logró encontrar ningún sembradío de tales descripciones.
Lo raro del caso es que la denuncia contenía coordenadas exactas y un video sobre la locación de estos sembradíos, dejando de esta manera una sensación de total falta de interés por parte de estas autoridades por el cumplimiento de la normativa, y complicidad con las grandes corporaciones que se dedican a vender semillas y agrotóxicos sin importar sus consecuencias. Dichos responsable están presionados por sectores de poder y autoridades de más alto rango y se vieron limitados para el cumplimiento de sus funciones.
Es evidente que el ingreso de material genéticamente modificado en Bolivia y el uso exagerado de agroquímicos, es ilegal, pero a pesar de todas las prohibiciones que existen, los controles (principalmente estatales) son deficientes, nulos y en muchas ocasiones inexistentes, además es el mismo Estado, que por presión de algunos sectores económicos importantes dentro del país, permite y da carta blanca a los mismos, para la comercialización de estos productos dañinos para el ser humano y que presenta gravísimas consecuencias negativas directas a la naturaleza, a la que supuestamente el presente gobierno protege y defiende.
La problemática de los transgénicos y el uso indiscriminado de agrotóxicos debe ser tomada muy en consideración no solo por el presente gobierno, sino también por parte de la población en general, dado que todos nos alimentamos y nuestra alimentación definirá nuestra calidad de vida. Por otro lado no debemos olvidar que somos uno de los países más ricos en variedades de semillas, y el permitir los transgénicos no solo promovemos la desaparición de las mismas a través de la contaminación y la privatización de las semillas por parte de grandes empresas transnacionales que además buscan controlar toda la cadena alimentaria. y es nuestro deber como ciudadanos exigir que estos temas sean discutidos por los mismos y que vayan ganando la notoriedad y la importancia que les corresponde. Como pudimos observar las leyes ya están dadas, ahora lo que falta es su aplicación y voluntad política de nuestros gobernantes para hacerla respetar, que el verdadero espíritu de las normas sea aplicado para así dejar de envenenar a nuestra ya tan golpeada Madre Tierra y garantizar nuestra seguridad y soberanía alimentaria.
*Manuel Menacho es agobado ambiental, miembro del Colectivo CODAPMA (Coordinadora por el Medio Ambiente)
