Por Erika Bayá
Mientras el jefe de protección del Parque Nacional Madidi, Marcos Uzquiano, viajaba el 24 de agosto para apoyar los incendios forestales que están devastando las áreas naturales del departamento de Santa Cruz, recibió un memorándum de Teodoro Mamani, director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), que indica que fue reasignado como el nuevo jefe de protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni (EBB).
¿Pero qué tiene de malo? dirá usted. Resulta que la decisión del director del Sernap tiene que ver con un voto resolutivo que la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del norte de La Paz (FECOMAN), le envío a Mamani el pasado 28 de julio. En el cual le exigen la destitución del jefe de protección Marcos Uzquiano Howard, por decomisar maquinaria de forma injustificada, ejercer discriminación, amenaza constante a los comunarios del sector, desconociendo que las cooperativas mineras auríferas cuentan con derechos mineros preconstituidos y reconocidos por ley. Y que una de las facultades del Estado boliviano es la de garantizar la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los titulares de derechos mineros.
El voto resolutivo le exige a Teodoro Mamani la destitución de Uzquiano en un plazo de 48 horas, de lo contrario se declaran en estado de emergencia, pie de lucha y anuncian asumir las medidas necesarias a fin de ser escuchados en sus demandas.
Voto resolutivo de las Cooperativas mineras 
Durante la redacción de esta nota, no fue posible lograr la comunicación con Marcos Uzquiano debido a su trabajo en los incendios, pero extrajimos de sus redes sociales el siguiente comentario: “¿Qué esperan de un guardaparque señores de las cooperativas mineras? ¿Qué los esperemos con guirnaldas ante el incumplimiento normativo ambiental y contaminación del río Tuichi? ustedes están ingresando maquinaria pesada y están desarrollando actividades mineras sin licencia ambiental ni autorización del SERNAP, publicó.
“…Exigir el cumplimiento de las normas ambientales, no es discriminar ni ejercer violencia psicológica, física ni mucho menos extorsionar a los cooperativistas mineros. La verdad ante todo. Espero que puedan demostrar tales acusaciones”, dijo en otro mensaje, el guardaparque con más de veinte años de experiencia en áreas protegidas.
Según Ruth Alipaz Cuqui, líder indígena de la comunidad de San José de Uchipiamonas y parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), los cooperativistas afiliados a FECOMAN están avanzando hacia el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi y la Reserva Pilón Lajas por el río Beni, o sea que Marcos Uzquiano les está estorbando. Al llevar a este jefe de protección a otro lugar, creo que es un despido indirecto.
“Él es un defensor del medio ambiente y sus derechos están protegidos con el Acuerdo de Escazú. FECOMAN desconoce estos acuerdos, que el Estado está obligado a cumplir y que tienen supremacía sobre la Constitución Política del Estado. Un sector no puede demandar todos los derechos para sí y declararse las pobres víctimas de una persona. Ellos están ocasionando graves daños al resto de la población, eso, de acuerdo con la Constitución tiene supremacía sobre una Ley tan nefasta como la 535 de Minería y Metalurgia, en la que se apoyan. De hecho, las acciones de FECOMAN son ilegales, destructoras y un guardaparque está en el derecho de exigir la legalidad, ese es su trabajo’’, nos expresó Ruth Alipaz.
¿Áreas protegidas o áreas de concesión minera?
Para el abogado Vladimir Muñoz Saldías, tanto los derechos mineros como los ambientales e indígenas están protegidos en la Constitución. Y lo que sucede, es que nunca hubo una resolución constitucional que anteponga un derecho sobre otro, el Tribunal Constitucional siempre ha resuelto que es prioridad del Estado y desarrollo del Estado y de todos los bolivianos, explotar sus recursos naturales para poder vivir.
El jurista expone que se está anteponiendo una política neo extractivista y en ese sentido han otorgado cuadriculas y concesiones mineras a lo largo de todo el trayecto del río Tuichi, sin haber interpuesto un procedimiento de consultas a los pueblos indígenas de la zona, de esta manera están atropellando un derecho, están menoscabando los derechos de la madre tierra.
‘’Han movido gente de un lugar a otro para presionar, se está viviendo un avasallamiento y colonización de gente extractivista contra los pobladores originarios. Claramente hay un choque de normas y ambas reconocidas. Hay que elevar esta situación a un tribunal internacional’’, detalló Muñoz.
‘’Desde la CONTIOCAP, venimos denunciando esta situación’’, nos dijo su vocero Alex Vilca Limaco. A tiempo de añadir que: ‘’el Sernap ha perdido credibilidad y lo hemos observado desde finales de 2020 y principios de 2021, cuando de manera arbitraria han hecho cambios de los mandos jerárquicos de las áreas protegidas. Ha tomado años formar y preparar a sus recursos humanos. El cambio del personal que conoce la problemática que se vive en un área protegida, es un golpe bajo a la gestión ambiental y a la conservación de un área protegida.’’
Según Vilca, uno de los sectores que ha logrado tener un respaldo político muy fuerte, es el de las cooperativas mineras, que tiene una presencia fuerte en las instancias de toma de decisiones y están incidiendo en leyes y decretos que salen a su medida, esto preocupa a los que estamos a la vanguardia y defensa del patrimonio natural. Es por esta razón que de manera disimulada están prescindiendo del personal comprometido con la conservación del patrimonio natural, cambiarlos o rotarlos de área, es empujarlos a la renuncia.
Imagen principal: Marcos Uzquiano, fotografía de redes sociales.
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