El viernes 11 de diciembre, la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) presentará oficialmente la plataforma didáctica Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta virtual que documenta el impacto multidimensional de los proyectos extractivos y de infraestructura en seis países.
La actividad será transmitida en las plataformas de Facebook y Youtube de Servindi. La plataforma que recoge los datos del estudio Derechos colectivos vulnerados: el impacto de proyectos extractivos e infraestructura de RRI, fue implementado por Amazon Conservation Team.
Servindi, 8 de diciembre, 2020.- La plataforma virtual Derechos Colectivos Vulnerados documentó el impacto multidimensional de los proyectos extractivos y de infraestructura en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El espacio desarrollado de forma didáctica por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI, por sus siglas en inglés) con el apoyo de Amazon Conservation Team consolida los impactos que generan los proyectos extractivos y de infraestructura cuando vulneran derechos sobre el territorio.
La plataforma es resultado del estudio Derechos colectivos vulnerados: el impacto de proyectos extractivos e infraestructura de RRI recopila y analiza 102 proyectos relacionados con pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales que ocasionaron la violación de sus derechos.
Entre los casos documentados por el estudio del 2017 a 2019 se presentan proyectos de los sectores minería, hidrocarburos, madera, agroindustria (monocultivos, ganadería) e infraestructura (transporte, construcción y energía).
De acuerdo con la documentación, los proyectos de infraestructura y minería desataron la mayor cantidad de conflictos donde afectaron a 876 y 171 comunidades respectivamente.
Asimismo, el estudio revela que entre enero del 2017 y noviembre del 2019 cerca de 1.164 comunidades se vieron afectadas, mientras que 295 de sus miembros sufrieron ataques como consecuencia de los conflictos.
Otra de las conclusiones del documento señala que los derechos a un medio ambiente saludable, al consentimiento libre, previo e informado, y al dominio colectivo sobre el territorio fueron violados en los seis países evaluados.
Por su parte, ente los impactos ambientales predominan la contaminación de agua y deforestación, mientras que dentro de los impactos sociales resaltan la alteración de los medios de vida tradicionales, la alteración de la disponibilidad de agua, los problemas de salud y el desplazamiento de viviendas.
Presencia de inversiones extranjeras
La investigación de RRI advierte las principales empresas de inversión extranjeras con presencia en Mesoamérica y Sudamérica son principalmente de Estados Unidos (7 proyectos), Canadá (4 proyectos), China (3 proyectos), Noruega (2 proyectos), España y Suiza (3 proyectos). Todas ellas sostienen conflictos con 674 comunidades.
Sin embargo, la investigación enfatiza en que si bien las inversiones chinas no representan el mayor número de empresas mapeadas, “tienen un vínculo con la mayor cantidad de comunidades vulneradas”.
Asimismo, a pesar de que las empresas con sede en el extranjero tenían a cargo del 36 por ciento de los proyectos industriales implementados legalmente, la influencia internacional podría estar presente en más casos ya que “es muy probable que varias de las compañías identificadas como nacionales, sean filiales locales que reciben inversiones y apoyo de corporaciones multinacionales”.
Presentación de la plataforma
La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados será presentada el viernes 11 de abril, a las 9 a. m. (Guatemala, Honduras y México), 10 a. m. (Perú y Colombia), y a las 12 horas de Brasilia (Brasil).
El evento –que será transmitido por los canales de Facebook y Youtube de Servindi– durará una hora.
Ente los presentadores se encuentran Omaira Bolaños y Alejandra Zamora de la RRI y Bryan Hettler del Amazon Conservation Team.
Habrá además un panel integrado por Gregorio Mirabal, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Melania Canales, presidenta de ONAMIAP (Perú), Danelly Estupiñan, del Proceso de Comunidades Negras (Colombia) y Gustavo Sánchez de la Red Mocaf /AMPB (México).
Imagen principal: Extraída del informe Undermining Rights (WRI y Raisg)
Fuente: Servindi
