Con presupuestos y recursos humanos insuficientes, guardaparques contratados de forma eventual, algunos desde hace más de veinte años, vehículos en mal estado, y retrasos en la provisión de combustibles y alimentación, así está la situación de varias áreas protegidas del país, cuya realidad revela la debilidad de un sistema que está lejos de brindarles la debida protección.
Por Erika Bayá
Por su variedad de ecosistemas y las riquezas únicas que posee, Bolivia es considerado un país megadiverso. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el país alberga 66 de los 112 ecosistemas existentes en el mundo, cuenta con más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales, estos últimos suman un aproximado de 182.716,99 km² ocupando el 16,63% del territorio nacional. La importancia de su conservación está respaldada por un poderoso marco legal, que va desde la Constitución Política del Estado hasta más de veinticinco leyes y decretos supremos. Sin embargo, en los hechos, la protección de estos espacios naturales parece no ser una prioridad para el Estado boliviano.
Para una protección eficiente de las áreas protegidas se necesita básicamente dos cosas: un buen presupuesto económico y los recursos humanos suficientes que garanticen el bienestar de estos territorios de invaluable riqueza natural.
Pero son precisamente éstas dos las falencias encontradas por este reportaje, que analizó la situación del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, el Parque Nacional Carrasco, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el Parque Nacional y ANMI Amboró. Cuya preocupante situación, puede verse reflejada en la mayoría de las 22 áreas protegidas que conforman el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
Sernap, una institución debilitada
A finales de 2019, el Sernap tuvo un déficit de 22 millones de bolivianos, una situación que puso en riesgo la continuidad laboral de 300 guardaparques contratados por esta institución. Esta situación fue bastante complicada, considerando las adversidades que ya debe sobrellevar un reducido cuerpo de protección que debe cuidar extensos territorios, en donde surgen amenazas como la tala, caza y pesca ilegal, avasallamiento de tierras, narcotráfico, quemas, entre otros.
“El 2020 nos vimos en la obligación de buscar los recursos que faltaban, tocamos varias puertas nacionales e internacionales y conseguimos el apoyo de la Unión Europea que salvó la gestión para mantener a todo el personal”, nos explicó Maikol Melgar, exdirector del Sernap.
Para la exautoridad la situación es crítica, porque el presupuesto de 70 millones de bolivianos que otorga el Tesoro General de la Nación (TGN) al Sernap son insuficientes. Y considerando que son 22 áreas, esto apenas alcanza para cubrir los costos de salarios y una gestión bastante limitada.
Para la abogada ambiental Paola Cortéz Martínez, la voluntad política de fortalecer algo es a través del presupuesto. ‘’El Sernap maneja 10 millones de dólares y el Ministerio de la Presidencia 400 millones de dólares, cuando las funciones y atribuciones del Sernap son de mayor importancia e impacto que el ministerio. Aquí quedan claras las prioridades’’, manifestó la jurista al programa La Voz de la Naturaleza, que se difunde en redes sociales.
Y es que las cosas no son nada fáciles para los guardianes de nuestras áreas protegidas, ya que la minoría tiene ítem o un contrato fijo, el grueso del personal es eventual, no cuenta con seguridad laboral ni vacaciones, ni acceso a un incremento salarial. Y algunos vienen trabajando bajo esta modalidad desde hace diez o veinte años. “Cuando quisimos corregir esta situación, llegó la pandemia por el Covid-19, hubo crisis gubernamental y todos los recursos se fueron para el área de la salud”, detalló Melgar.
Para los guardaparques, es elemental que existan buenas condiciones de trabajo para cumplir su labor. Por ello, necesitan dotaciones oportunas de equipos, herramientas, contar con buena infraestructura en sus campamentos, vehículos, embarcaciones en buen estado y, que no les falte mantenimiento ni combustible.
Día a día, su trabajo va desde el control, vigilancia y patrullajes, hasta reuniones con las comunidades, educación ambiental y sensibilización en las escuelas. Además de estar facultados para iniciar procesos administrativos sancionatorios a quienes cometan infracciones dentro de las áreas protegidas. Y también, cuando es necesario desarrollan actividades de apoyo en la búsqueda o salvamento de personas, combate de incendios, monitoreo de fauna y flora, y recepción de visitantes.
Parque Nacional Madidi
Según un estudio realizado en 2017, esta área es una de las más ricas en biodiversidad del mundo, pero a pesar de ello, cuenta con un limitado presupuesto para su conservación y un reducido cuerpo de protección. Ya que de los aproximadamente dos millones de bolivianos que recibe al año, gasta 130.000 bolivianos mensuales en salarios para sus 26 guardaparques, dos jefes de protección, una administradora y el director.
Adicionalmente, el área cuenta con un monto de 164.000 bolivianos anuales que ocupa en gastos operativos, inspecciones y patrullajes. Un monto de dinero que proviene de un fondo propio que se consiguió gracias a una subasta por el derecho a nombrar científicamente al mono Lucachi (Plecturocebus aureipalatii), en apoyo entre el Sernap, Fundesnap y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS).
Para Madidi los ingresos por turismo son importantes, pero a causa de la pandemia, en la gestión 2020 tuvieron ingresos insuficientes. Esto obligó a que sus fondos de emergencia fueran utilizados para ayudar a algunas comunidades con un plan de contingencia contra la pandemia.
Esta área protegida cuenta con una superficie de 1.895.750 hectáreas por lo que necesitaría 600.000 bolivianos al mes, para garantizar una protección eficiente, lo que le permitiría contratar un número de guardaparques acorde a sus necesidades. “Hay un plan de protección que establece que el número adecuado para cuidar esta superficie es de sesenta guardaparques y solo tiene veintiséis”, detalló Jorge Luis Medina, exdirector del Madidi.
Del total del cuerpo de protección de Madidi solo seis tienen un contrato fijo con beneficios sociales, caja de salud, aguinaldo y subsidios. Veinte son eventuales y trabajan bajo esta modalidad por años, porque es su única fuente de ingresos económicos. “Es injusto, el Estado no nos da la debida importancia, ojalá que algún gobierno se dé cuenta de la importancia real de las áreas protegidas”, lamentó el exdirector del parque.
Los 26 guardaparques deben desplegar su trabajo en los diferentes puestos de control, con la mitad de ellos destinados a la zona de San Buena Aventura, y la otra mitad a la zona de Apolo.
En los campamentos cercanos a las poblaciones, deben trabajar 24/6. Sin embargo, en las zonas alejadas como el Río Heat, frontera con Perú, o en Puina (zona de la cordillera), cubren turnos de tres meses. Esto debido a los costos y la distancia, ya que el viaje les demora tres días para ir y tres para retornar.
Y además de tener que lidiar con las presiones hacia las áreas, los guardaparques sienten la presión de las autoridades. “Por la naturaleza de nuestro trabajo necesitamos buenas condiciones. A veces en vez de sentir apoyo sentimos acoso laboral, injerencia política, que muchas veces diezma la voluntad y la motivación para poder desempeñarnos de manera adecuada”, dijo uno de ellos, que pidió mantener su nombre en reserva.
El entrevistado acotó que la situación ideal para un guardaparque radica en la seguridad y estabilidad laboral, algo que no tienen y que piden en voz alta a las autoridades. Considerando que hay guardaparques pagados por el Tesoro General de la Nación (TGN) y muchos otros que están bajo un contrato eventual por más de quince años, algo que genera una situación de desigualdad interna.
‘’Lo ideal sería que todos podamos ser TGN, que el Estado asuma la responsabilidad laboral de todos los guardaparques del sistema nacional de áreas protegidas. La diferencia que existe actualmente, nos desmotiva. Necesitamos estar más protegidos, mejor pagados y sentirnos seguros’’, dijo el guardaparque.
En Madidi el guardaparque más antiguo trabaja hace treinta años y el más nuevo hace ocho, una trayectoria que podría permitirles aspirar a ser directores, pero el mayor cargo al que pueden acceder es a jefe de protección, esto se debe a que el Reglamento General de Áreas Protegidas exige un profesional con título, con experiencia no menor a tres años en temas referidos al manejo de recursos naturales, administración y gestión de proyectos.
Parque Nacional Carrasco
Esta área de 691.771 hectáreas, que se encuentra al Este del departamento de Cochabamba, cuenta con un presupuesto de 1.8 millones de bolivianos, monto que el 2020 fue destinado a pagar los salarios de 17 guardaparques, un jefe de protección, un administrador y un director.
También, alcanzó para cubrir algunos gastos operativos como el mantenimiento de vehículos, gasolina y para efectuar algunos proyectos de desarrollo y así minimizar las presiones. Pero ese monto no fue suficiente para gastos judiciales por avasallamientos, operativos conjuntos, ni gastos de emergencia. Tampoco cuentan con presupuesto alguno para enfrentar incendios forestales.
De acuerdo a los guardaparques consultados, para mejorar esta situación, necesitarían unos 2.5 millones de bolivianos, casi el doble de su presupuesto actual. Esta falta de dinero ha obligado a la Dirección del área protegida a acercarse a la empresa que lleva adelante el proyecto hidroeléctrico Ivirizu. Una represa que se está construyendo dentro del área y ocasionará un alto impacto sobre la biodiversidad del parque Carrasco, como la deforestación de 500 hectáreas, entre otros impactos.
El Carrasco también cuenta con un sitio turístico, las Cuevas de Guacharos, que también aporta con fondos extras, aunque nada significativo en comparación a otros parques, y que, además, durante el 2020 no recibió ningún ingreso por la pandemia.
Del total del cuerpo de protección, sólo tres guardaparques y el jefe de protección tienen contrato fijo, los otros 14 guardaparques están contratados de manera eventual. Una situación que cada año les causa incertidumbre, porque nadie sabe si retornará a su fuente laboral. Muchos trabajan bajo esta modalidad desde hace 20 años, pero otros se van, dejando un gran vacío para el manejo del parque, que pierde a su personal capacitado.
El problema de tener solo 17 guardaparques radica en la falta de seguridad, ya que en algunos campamentos trabaja uno solo. Esta situación les da ventajas a los avasalladores, cazadores y madereros que se entran por el río Ichilo. Además, hay campamentos sin ocupación, como el puesto de control Carahuasi (Poho), un área conflictiva que por falta de apoyo municipal no pueden ocupar desde 2002.
“Deberíamos ser por lo menos 32 guardaparques para tener tres en cada campamento y así resguardar la integridad del área, del mismo cuerpo de protección y hacer frente a los conflictos, pero sabemos que no hay presupuesto”, nos dijo uno de ellos con resignación, que prefirió el anonimato.
Para poder actuar frente a amenazas como los avasallamientos y cultivos ilegales de hoja de coca, los guardaparques deben sobrellevar los tiempos de la burocracia. Y a pesar de existir un convenio marco entre el SERNAP, el ejército y la policía, mientras no llegue una orden del Comando Nacional de La Paz, no se pueden hacer operativos, intervenciones ni detenciones.
“Con poco personal, las áreas protegidas siempre estarán vulnerables, no podemos frenar conflictos de 100 o 200 personas, aunque estemos los 17 guardaparques juntos”, le dijo a la Red Ambiental de Información uno de ellos.
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
En sus 1.091.656 hectáreas, el TIPNIS alberga una alta diversidad de ecosistemas que desde tiempos inmemoriales han sido resguardados por los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán. No obstante, y a pesar de su importancia natural y cultural, su situación económica es quizás la más difícil en comparación con Madidi y Carrasco.
Durante los cinco meses de gestión de Romer Miserendino, el exdirector, el presupuesto solo alcanzó para el pago de los salarios de los 17 guardaparques, el jefe de protección, la administradora y el director. Pero, no quedó ni un solo centavo para las actividades rutinarias de patrullaje e inspección. Y fue recién en noviembre de 2020 que pudieron acceder a un fondo donado por la Unión Europea. Un dinero que sirvió para combustible y mantenimiento de sus vehículos: siete motos, dos camionetas, tres motores fuera de borda y dos canoas de aluminio, que se encuentran deteriorados y necesitan ser renovados.
Tomando en cuenta las numerosas presiones que enfrenta esta área, proveniente principalmente de la zona del Chapare, los mismos guardaparques donaban el dinero de sus refrigerios para poder patrullar, lo hacían de corazón, nos contó Miserendino. Y es que esta área sobrevive gracias al compromiso de ellos, que, pese a sus bajos salarios, le ponen el hombro al área, pagando su comida, arreglando sus motos y ahora pagando el crédito para sus teléfonos celulares.
Actualmente tiene siete campamentos y en cada uno trabajan dos guardaparques, pero debido a las amenazas que existen, en dos campamentos trabajan tres. Para cubrir las necesidades de protección del área serían necesarios 28 guardaparques, distribuidos en 12 campamentos, porque ahora existe presión en lugares donde antes no había.
De acuerdo con Miserendino, con un presupuesto de ocho millones de bolivianos, el TIPNIS podría garantizar la contratación de más guardaparques, refacción de los campamentos antiguos -que están carcomidos a causa de la humedad del bosque-, y la construcción de nuevos. Pero, sobre todo, este dinero aseguraría la adquisición de nuevos vehículos, motores, motos y lanchas. ‘’En estos 14 años se dejó todo a la deriva, fue triste escuchar las penurias que han pasado los guardaparques’’, se lamentó el exdirector.
Considerando que muchos guardaparques trabajan en el área desde los años 90, tienen un gran conocimiento sobre la zona. “Su experiencia es muy importante porque en el TIPNIS hay bastante presión por la zona del Chapare para crear nuevas comunidades, hay varias estableciéndose en zonas no permitidas”, explicó Miserendino.
Parque Nacional y ANMI Amboró
“Somos agua, gente, biodiversidad, somos vida” es el eslogan de Amboró, un área cuya ubicación geográfica le otorga una belleza escénica extraordinaria y una enorme riqueza natural, pero al igual que las anteriores, sufre abandono.
Hace quince años tenía 22 guardaparques, ahora su cuerpo de protección se ha reducido a tan solo 10, sin duda un número insuficiente para enfrentar las amenazas que sufre en sus 637.600 hectáreas. Pero además de sus pocos recursos humanos, tampoco tienen herramientas de trabajo en buenas condiciones. Cuando las dos camionetas están bien, no tienen gasolina y cuando finalmente les llega el combustible, necesitan mantenimiento. El Parque Nacional tiene dos camionetas 4×4 y siete motos, de las cuales solo funcionan cuatro, por lo que muchos de los guardaparques se ven forzados a movilizarse a pie.
Al igual que en otras áreas protegidas, el abandono por falta de personal y la falta de mantenimiento, ha ocasionado que se carcoma la madera y se caigan a pedazos cinco de sus campamentos. Como el de La Yunga de Mairana, en la zona sur del parque, y los campamentos de Ichilo, Moile, la Chonta y Saguayo, en la zona norte. En el caso de los campamentos de Mataracú y Macuñucú, estos se encuentran sin personal que los ocupe.
Los guardianes del Amboró que han conocido los buenos tiempos del área, no anhelan a ser muchos más, solamente volver a la cantidad de antes. Y que cada campamento tenga por lo menos dos guardaparques. De los diez, solo la mitad está contratada con ítem, el resto es personal eventual. Y aunque a partir de los cinco años de servicio tienen derecho a un incremento salarial, hay muchos que ni siquiera trabajando más de 20 años ganan más de 5.000 bolivianos.
El régimen de trabajo en Amboró es 21/7 y en algunos casos por salud o temas familiares 11/3. En esta área protegida el mayor de los guardaparques tiene 77 años y el más joven 31. Don Sabino Medellín, el mayor de ellos estaba jubilado, pero volvió como personal eventual por la gran experiencia y conocimiento que tiene de su zona, Comarapa.
Al igual que los guardaparques de las otras áreas, en el Amboró no saben qué pasará con los contratos este 2021, tomando en cuenta la situación política y la inestabilidad que ha causado la pandemia.
Otra necesidad importante son las dotaciones de carpas, bolsas de dormir, linternas, camisas, poleras, mochilas, pantalones, botines caño largo, caño corto y sandalias. Estos materiales son indispensables para cumplir con su labor de protección, y antes les eran provistos dos veces al año, luego una vez, después les daban la mitad del equipo y ahora, nada. “En seis meses, con el trabajo de campo que realizamos, la ropa sufre mucho desgaste”, explicó uno de ellos, que nos pidió mantener su identidad en reserva.
Actualmente el Parque funciona con dos millones de bolivianos anuales para todos sus gastos, sueldos y logística. Pero el cuerpo de protección considera que, para estar mejor, este monto debería duplicarse. Con ello podrían llevar a cabo la refacción, mantenimiento y construcción de campamentos, compra de medios de transporte y contratación de más guardaparques.
El trabajo de proteger el Amboró es bastante exigente. En la zona norte los guardaparques no tienen acceso al campamento Ichilo, cuya zona ha sido tomada por el narcotráfico y donde tampoco tienen pisada ni policías, ni militares. Y en donde ni siquiera es posible montar operativos sorpresa. “Nos han amenazado con quemarnos el vehículo, tenemos mucho cuidado para tomar acciones allá”, nos explicaron.
Otra de las amenazas en el Amboró son las mafias de los piratas de la madera, que están acabando con las maderas preciosas. “Ellos solo buscan Mara, Tajibo, Morado, Palo Amarillo, Ajunau, especies que se encuentran cada vez más adentro. Esta situación nos exige buscar nuevas rutas de patrullaje”, nos indicó uno de ellos.
Pero a pesar de las dificultades que suceden entre medio de sus increíbles paisajes, los diez guardaparques del Amboró no pierden el entusiasmo y las esperanzas de que las cosas volverán a ser como hace quince años, cuando 22 de ellos estaban a cargo del resguardo del área protegida.
La Red Ambiental de Información intentó concertar una entrevista con el nuevo director del Sernap, Teodoro Mamani, para conocer el rumbo que tomará esta institución, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo ninguna respuesta.
Desde que asumió su cargo, la autoridad a la cabeza de las áreas protegidas nacionales del país, realizó una serie de despidos a directores, pero en las últimas semanas cuando empezó a despedir jefes de protección y guardaparques se generó una serie de reclamos de organizaciones, colegios de profesionales y agrupaciones ambientalistas de la sociedad civil.
La presión y críticas de la opinión pública a los despidos de personal especializado, concluyó en una reunión entre la directiva del Sernap y la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac) el pasado 21 de enero, con la firma de un acuerdo que los mismos guardaparques cuestionaron por ser muy general. Por lo que aún persisten el descontento, desconfianza y la incertidumbre entre varios de los guardianes de nuestras áreas protegidas.
Foto de portada: cerró Amboró, Parque Nacional y ANMI Amboró. Créditos: Erika Bayá
Erika Bayá es comunicadora social por la Universidad NUR. Trabajó para instituciones gubernamentales, medios de comunicación, organizaciones ambientales y educativas. Tiene experiencia en comunicación corporativa, educación ambiental y ha sido parte de varios proyectos ligados a las áreas protegidas de Bolivia. Ha editado, por más de cuatro años la revista Amaszonas, el material a bordo de la línea aérea boliviana, y en 2002 obtuvo el premio de Premio de Reportaje sobre Biodiversidad.
