Esta área protegida abastece de agua a la ciudad más poblada y motor económico de Bolivia. Uno de sus principales problemas es la tala ilegal.
Por Gemma Candela (RAI) / Mongabay Latam
• El Parque Amboró abarca 636 000 hectáreas y tiene ecosistemas desde los 320 hasta 3300 msnm.
• La extracción ilegal de mara o caoba es uno de los grandes problemas del área. Los guarda parques poco pueden hacer ante los numerosos y armados grupos de madereros.
• La madera se vende por pies cúbicos. Cada uno cuesta US$ 1,4. De un árbol de se pueden obtener ganancias por hasta US$ 2900, dice el responsable de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medioambiente del municipio de San Carlos, Román Vitrón.
Hace días que el cielo de Santa Cruz no hace honor a su fama: no parece el más puro de América, sino el más ahumado. Está blanquecino en vez de azul y huele a quemado. Es agosto, época de chaqueos: una práctica tradicional y barata que consiste en quemar la tierra para deshacerse de hierbajos y fijar los nutrientes al piso; pero también, de robar terreno al bosque y ganar nuevos pastizales para el ganado y los cultivos. Las leyes bolivianas permiten realizar las quemas si se cumplen ciertas normas. Este año, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) tuvo que prohibirlas totalmente. Durante el mes de agosto se dieron en promedio 279 focos de calor por día, según datos de la Sistema de Alerta Temprana (Satif) de Santa Cruz. Y esos fuegos pueden y suelen descontrolarse. Llenan de humo campos y ciudades y causan incendios forestales.
“Hace poco tuvimos uno que duró dos semanas”, cuenta a Mongabay Latam con expresión grave el responsable de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medioambiente del municipio de San Carlos, Román Vitrón. Ese incendio se produjo no muy lejos de un humedal en el que cada año, entre julio y agosto, anidan 5000 cigüeñas de la especie Mycteria americana. Es una isla de bosque que se levanta en el distrito Antofagasta –municipio de San Carlos– entre campos de arroz y soya, así como de pastizales para el ganado bovino. En octubre del año pasado, el Gobierno Municipal le dio protección al declararlo Reserva Municipal de Vida Silvestre El Curichi Las Garzas.
A pesar de la declaración de área protegida, poco pueden hacer las autoridades ante los incendios forestales, la contaminación por químicos o los cazadores furtivos. El humedal no solo es importante en sí mismo, sino que se encuentra en el área de influencia de una de las zonas más biodiversas del país: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró (PN-ANMI Amboró).
“Es uno de los filtros que está dando humedad al norte del departamento”, explica el responsable de Medioambiente. En esta época de chaqueos, la humedad escasea. Cuando lleguen las lluvias, entre diciembre y marzo, el peligro para el parque será otro: la extracción de madera.
La importancia del Amboró
El Parque Amboró está en la cuenca media-alta del río Piraí, el que abastece de agua a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que con alrededor de un millón y medio de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, es la más poblada de Bolivia. El 74 % del agua superficial disponible en este río se genera en la zona media-alta de la cuenca gracias a áreas como el Amboró, según el estudio “Fortalecimiento de la Conservación a través de Pagos por Servicios Ambientales Hidrológicos del Bosque Húmedo Sub andino (Bolivia)”, realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Los afluentes que nacen dentro de esta área componen el 10 % del aporte que hace la cuenca media-alta al Piraí. “La conservación de los bosques en estas zonas podría considerarse como prioritaria en razón al rol que desempeñan tanto en la generación como en el aporte y recarga de agua al acuífero profundo de la ciudad de Santa Cruz”, señala el estudio.
Vista panorámica del Parque Amboró. Foto de Ángel M. Felicísimo en Flickr bajo licencia Creative Commons
“El Amboró es el lugar donde los Andes se zambullen en la Amazonía o donde la Amazonía trata de trepar los Andes”, describe el periodista y miembro de la Articulación Regional Amazónica y la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) Alain Muñoz. Tiene una extensión de 636 000 hectáreas que van de los 320 a los 3300 metros sobre el nivel del mar. Once guardaparques están a cargo de vigilar que nadie cace, extraiga madera ni realice ningún otro tipo de actividad ilegal. En el Amboró se han registrado 289 especies de mariposas, 109 de peces, 105 de reptiles, 820 de aves, 127 de mamíferos y casi 3000 de plantas, según la web oficial del parque.
El drama de la caoba
Para llegar al campamento de los guardaparques en Mataracú hay que atravesar a pie, sin puente, un riachuelo. Cuando este crece por las lluvias es difícil entrar o salir del campamento. Foto de Gemma Candela
Para llegar al campamento de los guarda parques en Mataracú hay que atravesar a pie, sin puente, un riachuelo.
Cuando este crece por las lluvias es difícil entrar o salir del campamento.
Vladimir Huanca lleva 20 años cuidando el Amboró. La mañana del último sábado de agosto está sentado en la entrada del campamento de los guarda parques cercano a la comunidad de Mataracú, en la parte norte del parque. Espera, con su formulario de registro, que pasen por allá unos turistas que han entrado Amboró sin registrarse. Comenta que esto sucede a menudo: los visitantes llegan con guías turísticos (está prohibido entrar al área sin guía), pero muchas veces no pasan a registrarse por Mataracú. Algunos acampan alrededor de las instalaciones de los guarda parques: tres construcciones muy modestas que carecen de luz y a las que el agua llega por una tubería desde una corriente cercana.
La oficina central del parque está en Santa Cruz. Hay otra en la parte sur del Amboró (Samaipata) y una tercera en el norte, en Buenavista, cerca de San Carlos. Mataracú está bajo la administración de esta última. “Como somos muy pocos, actuamos de acuerdo a las denuncias de comuneros. Nos sentimos amenazados”, dice Huanca.
En Mataracú operan cazadores, pescadores y madereros. Cerca de ahí, en Ichilo, un grupo de hombres estaba sacando madera con callapo. Autoridades y guarda parques fueron hasta la zona. “Nosotros éramos 12 y ellos 17”, menciona. “Decomisar en el lugar es difícil porque nos doblan en número y van armados. Nosotros no llevamos armas”, explica el director del Amboró, Jorge Landívar, quien está en el cargo desde mediados de agosto.
Mientras camina por el bosque, Vitrón señala los árboles de mara (Swietenia macrophylla), conocida también como caoba. Hay ejemplares que llegan a los 30 o 40 metros de altura. Uno de ellos está junto a la senda. “Está marcado. Vendrán a buscarlo en la época de lluvias”, se lamenta.
Junto a los senderos se ven árboles de mara “fichados” por los madereros. Foto de Gemma Candela
Él y el guarda parques explican el modus operandi de los madereros: hacen una muesca [una señal superficial] en los troncos, vienen a talarlos cuando saben que no hay autoridades cerca, los acumulan en algunos puntos del bosque y, cuando haya llovido y las aguas de los ríos estén crecidas, empujarán los troncos hasta los cauces. Muchas veces los taladores dejan flotar la mara sobre el agua, explica Vitrón, y en otras ocasiones, arman con los mismos troncos de la mara unas embarcaciones sencillas, de hasta 20 metros de largo, conocidas como callapos. Río abajo otras personas recogen la madera. Luego se distribuye.
La madera de caoba se vende por pies cúbicos. Cada pie cuesta US$ 1,4. De un árbol de mara se pueden obtener hasta 2000 pies cúbicos, es decir, unos US$ 2900, según Vitrón. “Ahora alguien me habrá visto entrar y ya ha debido avisar. Hoy no entrarán los madereros”, asegura. Los madereros tienen contactos entre la gente que vive en el bosque. Hasta que lleguen las lluvias, están acumulando troncos en los ríos Yapacaní y Colorado, cuyos cauces pasan por dentro del parque, afirma Huanca.
Cuando se consigue confiscar madera, esta se dona a los municipios de Yapacaní y San Carlos, donde se emplea en hacer bancos y sillas para escuelas y asociaciones locales, según el funcionario san carleño.
Hace años el Amboró llegó a tener 20 guarda parques. “Por diferentes circunstancias se ha reducido bastante”.
La fuerza de las alianzas
Landívar está tejiendo alianzas con las autoridades de los nueve municipios aledaños al parque para que sean socios en la lucha contra la extracción ilegal de madera, la caza y la pesca. Sugiere que se podría solicitar a las carpinterías el Certificado Forestal de Origen de la madera que otorga la ABT. La misma fiscalización debería existir para detectar a los restaurantes que venden carne de caza ilegal. “Está prohibida, pero hay gente que no ayuda y pide platos de animal de monte”, indica.
El jefe del parque está trabajando con los gobiernos municipales en la creación de granjas piscícolas y el reordenamiento del turismo, para ofrecer atractivos dentro de los municipios y crear un sistema de cobro a los visitantes como el que tienen otros cinco de los 22 parques nacionales que hay en Bolivia.
También hay que trabajar con las más de 100 comunidades que hay dentro del ANMI (dentro del Parque Nacional está prohibida la actividad humana) para que la relación con el entorno sea más armoniosa: “Sin necesidad de tumbar los bosques: plantar frutales, cítricos”, propone.
La Constitución boliviana no reconoce al departamento de Santa Cruz como parte de la región amazónica. “Ha sido algo político”, sostiene en un taller de la Red Ambiental de Información (RAI) Arturo Moscoso, biólogo y docente en la carrera de Biología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moren. La suya es una de las numerosas voces que reclaman este reconocimiento. El año pasado, Bolivia perdió 235 000 hectáreas de bosque por la deforestación, según datos de la ABT (la organización Centro de Documentación e Información Bolivia ─CEDIB─ estima que la media de pérdida anual es de 350 000 hectáreas). El 73 % de esa pérdida se produjo en Santa Cruz.
Fuente: Mongabay Latam
Lee el artículo original en es.mongaby.com: http://tinyurl.com/zr34hao
