El pasado noviembre, las personas residentes del Valle de Sula en Honduras, vieron cómo el agua llegó hasta los techos de sus casas. Esta región del noroeste del país, ya fuertemente afectada por la pandemia, fue devastada por las inundaciones causadas por los huracanes Eta e Iota, que tocaron tierra con dos semanas de diferencia.
Según investigaciones, es el primer incidente registrado en donde dos ciclones azotan Honduras en una misma temporada. En este país, Eta e Iota dejaron al menos 94 muertos, medio millón de desplazados internos y casi 4 millones de afectados. Según los analistas, el impacto de los ciclones podría elevar la tasa de pobreza del país hasta un 80% para el 2021.
El Valle de Sula alberga dos de las cuencas hidrográficas más importantes de Honduras, lo que deja al área particularmente vulnerable a las inundaciones. Esta parte del país también ha sido históricamente el centro de la actividad extractiva transnacional en Honduras y el corazón de una fuerte resistencia. Desde el 2018, el gobierno registró 157 centrales hidroeléctricas, la mayoría ubicadas en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, donde se encuentra el Valle de Sula.
Betty Vásquez Rivera, indígena Lenca, feminista y coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) de Mujeres por la Vida dijo que la promoción estatal de un modelo económico que es insostenible, contaminador y extractivista, ha ocasionado que el Valle de Sula sea un territorio altamente vulnerable a los desastres naturales causados por el cambio climático.
«Por lo menos en Santa Bárbara hay más de 31 proyectos hidroeléctricos grandes», dice Betty. «Estamos hablando de cuatro proyectos hidroeléctricos que van a producir 150 megavatios adicionales de energía. Acá hablamos de más de 15 municipios de Santa Bárbara que se verán afectados por desplazamientos, desalojos, pérdidas de áreas productivas, pérdidas de carreteras, de territorios, etc. Se nos vienen cosas graves».
Para el gobierno de Honduras, reconstruir el Valle de Sula significa construir represas que dejarían a las comunidades sin recursos hídricos. A pesar de la oposición local, en noviembre del 2020, el presidente Juan Orlando Hernández declaró la construcción de la represa una prioridad nacional.
«Construir represas para mitigar todo lo que ha ocurrido en el Valle de Sula no es una solución», dice Betty. «Visité algunas comunidades que se verían afectadas por las represas y la gente me dice: ‘nos preocupa que nos desplacen, no sabemos qué pasará en el 2021, nos preocupa que nos vengan a instalar un proyecto y no respeten el derecho a la consulta o al consentimiento’. Vivimos en incertidumbre. A la empresa privada no le importa lo que la gente piense, somos nosotros quienes tenemos que enfrentar a un Estado fallido que no respeta las voces y las resistencias».
Betty Vásquez cree que tanto la reconstrucción, reubicación de comunidades, centros y poblados, como la recuperación de la economía tienen que darse en el Valle de Sula. «Aquí se destruyeron alrededor de 150 000 quintales [15 millones de kilos] de café y nadie habla de recuperar y reactivar estas zonas agrícolas. Aquí hay comunidades que han sido 100% desplazadas porque sus tierras ya no son habitables, no hay agua potable. Problemas estructurales tan grandes no se van a solucionar con la construcción de proyectos hidroeléctricos».
El impacto del extractivismo en las mujeres
La construcción de estos megaproyectos también traen consigo grandes repercusiones para las mujeres, ya que son quienes producen los alimentos para ellas y sus familias. De acuerdo con Vásquez, la construcción de hidroeléctricas afectaría directamente los cuerpos y las vidas de las mujeres. «Por ejemplo, se limitará el agua y las mujeres van a tener que acarrear agua desde otros lugares. La migración forzada aumentará y junto a ello muchas mujeres se irán y abandonarán sus comunidades con sus hijos, lo que crea una situación de vulnerabilidad y riesgo para ellas».
«Los proyectos extractivos afectan concretamente a los pueblos originarios, ya que se les violenta su derecho a la autodeterminación, al ejercicio de sus prácticas ancestrales y a vivir en un ambiente saludable», dice Betty. Asimismo, el extractivismo impacta a las mujeres no solo porque genera desposesión y desplazamiento, sino también porque va reduciendo la capacidad de las zonas productivas, el acceso a la tierra en igualdad de condiciones y la tierra o los bienes patrimoniales se convierten en recursos que sólo se comercializan desde la lógica patriarcal. Así, las mujeres no deciden sobre sus tierras, casas, porque las empresas siempre hablan de la propiedad refiriéndose a los hombres y en ningún momento les consultan a las mujeres o se refieren a ellas como dueñas de esos territorios, del agua, de los animales o de las semillas».
Creando un tejido de solidaridad
Ante los impactos negativos de los megaproyectos que invaden sus territorios, la pandemia y dos ciclones devastadores, las mujeres del MAS han tenido que encontrar formas de seguir adelante. A medida que continúan resistiendo frente a los megaproyectos, también están dando prioridad a la atención colectiva para el desarrollo de la resiliencia.
Con el apoyo del Fondo Centroamericano de Mujeres, la organización líder de la Global Alliance for Green and Gender Action, pudieron poner en práctica una tradición ancestral del pueblo Lenca llamada Guancasco de las Semillas. Establecieron juntas un sistema de intercambio de semillas nativas donde los granos y las semillas se trasladaban de una comunidad a otra sin el uso de dinero. Incluso en tiempos de pandemia y confinamiento, las comunidades pudieron cultivar sus propios granos como maíz y frijoles. El 90% de las personas que participaron logró cosechar y almacenar sus granos, asegurando alimentos para el año.
Para Betty, apoyarse entre comunidades fue como crear un tejido de solidaridad y de apoyo humanitario. «Fue hermoso ver cómo las compañeras mandaban sus frijoles o maíz a otras comunidades que habían perdido todo y estaban afectadas. El maíz que se produjo en Santa Bárbara viajó hasta barrios de Tegucigalpa. Esta experiencia comunitaria nos llena de fuerzas y energías, dentro de un contexto ambiental vulnerable».
Juntas lograron generar esperanza y otras formas de resistencia y defensa, no solamente contra los proyectos corporativos, sino también por la defensa de las semillas originarias, la recuperación de la consciencia, el trueque, intercambio y todas las prácticas ancestrales que se habían dejado de lado como producto del modelo y del sistema.
También han realizado una campaña radial que anima a los oyentes a no dejar que la pandemia les quite la esperanza, que fomenta el apoyo colectivo y les alienta a que denuncien la corrupción del gobierno que está tomando recursos que fueron aprobados para la prevención y respuesta ante la COVID-19.
Las defensoras del MAS, incluida Betty, ya enfrentan criminalización, hostigamiento, amenazas y ataques, así como campañas de desprestigio por su abierta resistencia frente a los proyectos extractivos. Cerca del 20% de estas defensoras se encuentran en territorios indígenas y negros, lo que aumenta la conflictividad en el país, que es considerado uno de los más peligrosos del mundo para la defensa del medioambiente.
A pesar de esto, Betty dijo que el grupo seguirá ejerciendo el derecho de asociación y reunión porque las empresas extractivas no han parado sus operaciones, ni el gobierno ha dejado de otorgar concesiones.
Imagen de portada: Naadira Patel @studiostudioworkwork
Fuente: GAGGA