Preocupados por la alta vulnerabilidad de Bolivia frente al cambio climático, un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil elaboraron una propuesta para tomar acciones y plasmarlas en políticas públicas con el fin de hacer frente a la emergencia climática, la crisis sanitaria y la inseguridad alimentaria, principalmente.
La propuesta plantea un cambio en el modelo de desarrollo, toda vez que el actual, basado en el extractivismo, es insostenible y no ha logrado resolver los problemas estructurales del país relacionados a los altos niveles de pobreza, injusticias y desigualdades, ejerce demasiada presión sobre los recursos naturales y acelera la crisis climática, y, principalmente, deriva en la vulneración de los derechos humanos.
La propuesta contempla una serie de planteamientos para guiar la actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional que debe realizar el gobierno en el marco del Acuerdo de París. Explican que los actuales compromisos climáticos presentados por Bolivia contemplan metas e indicadores basados en la aplicación de políticas públicas, presentan debilidades y contradicciones para reducir las emisiones y podrían provocar impactos irreversibles en la Madre Tierra y en las comunidades locales.
Principalmente, observan que las Contribuciones no contemplan metas cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que dificulta realizar un seguimiento adecuado de su implementación y cumplimiento.
Consideran que las Contribuciones y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en el marco de la Agenda 2030, deberían guiar el proceso de reactivación económica del país acorde a los principios del Vivir Bien, los sistemas de vida y el respeto y garantía de los Derechos Humanos y Derechos de la Madre Tierra.
Propuesta
Ante lo mencionado, las organizaciones de la sociedad civil boliviana proponen diversas acciones para la actualización de la CDN y la elaboración de políticas de desarrollo en las áreas de energía, bosques, agua, agricultura y derechos humanos.
– Energía. Algunas de sus propuestas están dirigidas a energía eléctrica, hidrocarburos, transporte e industria. En energía eléctrica proponen, por ejemplo, establecer una nueva política energética para 2030 para transformar la matriz eléctrica, ampliando la generación de energías limpias en pequeña escala y con un modelo participativo de gestión.
En hidrocarburos buscan que se abandone de manera progresiva y en el largo plazo su extracción; en transporte, promover la descarbonización del transporte público y privado a partir de acuerdos con gobiernos locales; y en industria buscan la aplicación de normativa de incentivos y multas para mejorar la eficiencia energética de ese sector.
– Bosques. Tomando en cuenta la importancia de los bosques tropicales por su diversidad biológica y su rol en el ciclo hídrico, entre otros, y porque están perdiendo su vitalidad y corren el riesgo de perder su capacidad regenerativa debido a las fuertes presiones del modelo de desarrollo vigente plantean una gestión forestal.
Entre otras medidas, implementar un programa de protección, restauración y reforestación con especies nativas, recuperando variedades locales e implementando los conocimientos ancestrales para su manejo. En el caso de las áreas protegidas, por ejemplo, explorar las posibilidades y potencialidades de una diversificación de actividades económicas y productivas alternativas como el turismo para la protección de la biodiversidad.
– Agricultura. Observan que la normativa actual y la política fiscal en Bolivia ofrecen incentivos a la expansión del agronegocio, como sector exportador, y no así, un apoyo real a los pequeños productores de la agricultura familiar del área rural, que representan más del 90% de las unidades productivas y que son quienes aportan a garantizar la seguridad alimentaria de la población.
Parte de su propuesta plantea incentivar la conservación de semillas nativas, la producción con semillas nativas y el consumo de alimentos a base de este tipo de semillas promocionando su diversidad; así como realizar planes de gestión agroforestales, silviculturales, incentivando la diversificación de producción con un análisis de riesgo, apoyando al pequeño agricultor.
– Agua y adaptación. El ciclo hídrico y los sistemas de abastecimiento de agua y riego en el país son especialmente vulnerables ante los impactos del cambio climático, además que existe una desigual disponibilidad del líquido elemento. Proponen impulsar la incorporación de una visión integral de gestión climática, energética, hídrica y alimentaria en la currícula educativa escolar y especializaciones en el nivel universitario.
– Derechos humanos y justicia climática. Los impactos y efectos del calentamiento global, debido al incremento de los gases de efecto invernadero, están estrechamente ligados con un modelo extractivista que ha generado mayores vulnerabilidades y violaciones a los derechos humanos.
Proponen el cumplimiento de la normativa y prevalencia de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, como ser el derecho a la consulta previa libre e informada, derogación de la normativa contraria a estos derechos. Cumplimiento e implementación del Acuerdo de Escazú para el establecimiento de un marco de protección de derechos y la aplicación de mecanismos de transparencia.
Imagen principal: Eduardo Franco Berton / foto archivo RAI
