Por Yanina Rullo
Singularidad. Valor natural. Identidad. Algunas de las palabras que definen a los humedales en la Argentina. Pero, hay otras también: destrucción, degradación, desprotección.
Es tal la presión que el avance de la minería, la ganadería industrial, la agricultura intensiva y las urbanizaciones, entre otros, ejercen sobre estos reservorios de agua dulce que su situación, hoy, es crítica.
“Si bien a escala mundial todavía cubren una superficie mayor que la de Canadá, los humedales están disminuyendo rápidamente, con pérdidas del 35% desde 1970”, advierte un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de este año. Un reporte de la Convención Ramsar va más allá en el tiempo: de 1700 para acá, desapareció cerca del 87% de los humedales que había en el planeta. Esto, por supuesto, tiene un impacto directo en su biodiversidad, en América latina y el Caribe de forma aún más dramática. Un ejemplo: se estima que, desde 1970, la abundancia de peces de agua dulce cayó en 81%, un porcentaje mayor al experimentado en otro tipo de ecosistemas.
Argentina es parte de esta tendencia: sólo en 2020, se arrasaron cerca de 350.000 hectáreas de estos ecosistemas, como consecuencia de los incendios que afectaron a más de 1 millón de hectáreas en todo el país (un pico nunca antes alcanzado, al menos, desde que se comenzó a compilar la información en 1999) y fueron especialmente crudos en las islas del Delta del Paraná, en el Litoral.
Pese a ello, y al amplio reclamo popular, en la Argentina no existe aún una ley que los proteja.
Geografía nacional
Los humedales albergan una destacada y muy rica biodiversidad, y prestan servicios ecosistémicos imprescindibles para los seres humanos. Regulan y purifican el agua, reducen el riesgo de inundaciones, estabilizan las costas, protegen contra tormentas, retienen y exportan sedimentos y nutrientes, mitigan el cambio climático, proveen de alimentos, son ejes de recreación y turismo, y más, mucho más.
El 21,5% (más de 600.000 kilómetros cuadrados) del territorio argentino está cubierto por estos ecosistemas. Los hay del extremo sur, en la provincia de Tierra del Fuego, al norte, en la Quiaca (provincia de Jujuy). Y 23 de ellos —un total de 5.687.651 hectáreas— están incluidos en la Red de Sitios Ramsar, que nuclea a los considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales.
Desde ríos, lagos y lagunas, hasta salinas, vegas y turberas, pasando por albúferas, pastizales y más, no sólo embellecen los paisajes del país, sino que prestan vida a cada una de sus regiones. Y hoy están gravemente amenazados.
Actividades productivas como la megaminería de litio en las salinas o lagunas del Norte argentino, las construcciones ilegales en las turberas de la Patagonia, los endicamientos y canalizaciones tanto en el Litoral como en la región Centro, o los megabarrios cerrados en la provincia de Buenos Aires, afectan no sólo el equilibrio dinámico de los humedales, sino también la economía tradicional de las comunidades que viven gracias a ellos.
Delicado equilibrio
La necesidad y el reto que representan en la Argentina establecer lineamientos para el desarrollo, la planificación y el ordenamiento territorial de los humedales es lo que convoca, desde hace más de una década, a organizaciones sociales y ambientales, así como al sector académico y al productivo a promover una Ley de Humedales. Sin embargo, la política no responde. La historia de su defensa es larga, pero la conciencia, aún escasa.
En cada región del país se dan ejemplos que elevan aún más la urgencia de contar con una norma de carácter nacional que abogue por su conservación, regule las condiciones sobre cómo y en dónde realizar actividades productivas, e incluya un registro e inventario de los humedales.
Litio versus lagunas
Uno de estos ejemplos se da en la provincia de Catamarca, en el Noroeste argentino, donde actualmente se impulsa un proyecto minero para extraer litio del salar de Tres Quebradas, que está a más de 4000 metros de altura en la Cordillera de los Andes e integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, designado como Sitio Ramsar en 2009.
Organizaciones y comunidades locales denuncian que la empresa Liex S.A., subsidiaria de la canadiense Neo Lithium, se instaló en el lugar y comenzó la etapa de exploración en 2016 (instalando unos 30 pozos), sin realizarse una consulta pública previa, un derecho resguardado por la Ley General del Ambiente, sancionada en 2002.
“Nos tomó por sorpresa saber que la empresa estaba instalada en Fiambalá y ‘tenía la licencia social’, porque no supimos en qué momento la tuvieron. Nunca se realizó una asamblea en la que se convoque al pueblo para decidir qué hacer”, afirmó Johana Villagrán, vecina de la localidad catamarqueña, ubicada a pocos kilómetros del proyecto minero, e integrante de la Asociación Civil Campesinos Del Abaucán (ACAMPA), a la agencia Tierra Viva. “Cuando la empresa se presentó en Fiambalá, siempre fue acompañada por el Estado, respaldando la minería. Y, cuando pedimos información al Concejo Deliberante y al Municipio, jamás obtuvimos respuestas.”
De acuerdo a la legislación minera de la provincia, los estudios de impacto ambiental (EIA) están a cargo de la propia empresa extractiva. El rol del Estado es sólo controlar. Y el organismo en el que cae esta responsabilidad es la Dirección de Gestión Ambiental Minera, del Ministerio de Minería, impulsor de la actividad.
“El EIA para la etapa exploratoria (que implica perforaciones y extracciones de volúmenes de agua) fue aprobado antes de realizarse el estudio hidrogeomorfológico de la cuenca, es decir, sin el cálculo de la capacidad de recarga del acuífero, en una zona de alto déficit hídrico”, subraya el informe Minería Transnacional de litio en Lagunas Altoandinas de Catamarca Caso: Liex S.A, de la asociación catamarqueña Bienaventurados los Pobres (Be.Pe), que fue elaborado como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea en el que se analizó la aplicación de los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas aprobados por Naciones Unidas en 2011.
Y agrega: “La calidad del agua que resulta luego de los procesos extractivos de litio no se han analizado suficientemente, pero casos en el Norte de Chile y del continente asiático reportan contaminación de sistemas lagunares por litio y por otros químicos utilizados en su procesamiento, como así también casos de intoxicación de personas por litio”.
En la minería de litio en salmuera, se pierden enormes volúmenes de agua tanto salada (en el proceso evaporítico) como dulce (en la separación mineral del litio), explica Patricia Marconi, directora de Fundación para la Conservación de Yungas, Chaco y Andes (YUCHAN). “La extracción de agua dulce superficial y subterránea ya ha causado pérdida de humedales —vegas y bofedales del río Trapiche— en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) por desecación irreversible, debido a la operación de la empresa ex-FMC, ahora Livent Corporation, con el consecuente desplazamiento de comunidades locales por pérdida de áreas de pastoreo. Sin embargo, los impactos ambientales más graves se centran en la alteración de la dinámica hidrogeológica en las cuencas intervenidas por la minería de litio, como ya resulta evidente en el Salar de Atacama, en Chile”, profundiza.
La afectación de las fuentes de agua es sólo uno de los impactos que podrían afectar a las comunidades locales de pasar el proyecto a la etapa de extracción. La destrucción de sus modos de vida tradicionales, incluyendo sus actividades productivas, es otro. A ello se suma el riesgo que la actividad impone sobre la conservación, biodiversidad y correcto funcionamiento del humedal que ofrece refugio, alimento y espacio de nidificación a tres especies de flamencos: austral, parina chica y parina grande.
Ahora bien, Liex S.A. no es la única empresa que está en la zona. Según denuncian organizaciones y comunidades locales, la también canadiense Portofino Resources Inc. estaría por comenzar la etapa de exploración (pozos de perforación) del Proyecto Yergo en la laguna Los Aparejos, también sin consulta popular previa.
“Los sitios Ramsar son humedales de importancia internacional, donde las actividades humanas deben estar expresamente reguladas para asegurar su funcionamiento, garantizando los servicios ecológicos que brindan”, afirma Marconi. “Lamentablemente, el proyecto Yergo es un claro ejemplo de esta falta de regulación. Se trata del cuarto emprendimiento de minería de litio en salmuera que se instala dentro del área del Sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas, sin que tome intervención la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca, autoridad de aplicación de la Convención Ramsar en el territorio provincial, ni el Ministerio de Ambiente de la Nación, punto focal técnico de la Convención, y sin conocimiento alguno de los pobladores locales”, completa.
La albúfera única que ya podría no ser
Otro caso se da en la localidad balnearia Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Allí tiene sede, desde hace varios años, un conflicto que suscita cruces políticos y sociales entre la población y las administraciones de Gobierno tanto local como regional. ¿El motivo? La construcción del “ecobarrio” o “megabarrio privado” Lagos del Mar en una zona lindante a la albúfera de Mar Chiquita, uno de los ambientes más importantes y protegidos de la costa bonaerense.
A pesar de los fuertes cuestionamientos de distintas organizaciones y de científicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de estar el área —no solo de la albúfera, sino también de los campos aledaños y de la Villa Mar Chiquita, cubriendo un total de 26.488 hectáreas— categorizada como Reserva de Biósfera “Parque Atlántico Mar Chiquito” por la UNESCO, los debates en torno a qué se puede y qué no hacer están presentes.
La palabra “albúfera” deriva del árabe y significa “pequeño mar”. Se trata de especies de lagunas de agua ligeramente salada de poca profundidad ubicadas en los litorales que suelen formarse por la acumulación de sedimentos marinos o fluviales. Están separadas del mar por sólo una franja de arena, aunque mantienen comunicación con él en uno o más puntos.
La de Mar Chiquita es la única que existe en la Argentina, lo que le confiere valores naturales y sociales muy significativos. Gracias a ello, es hoy un lugar privilegiado para, por ejemplo, los fanáticos del avistaje de aves.
“Mar Chiquita no es sólo una albúfera reconocida a nivel mundial. Si uno mira y recorre bien el territorio de todo el Partido, puede comprender que todos esos mosaicos ecosistémicos responden a un ecosistema general: somos un gran humedal”, enfatiza Nicolás Fogolini, vecino de Mar Chiquita. “Los humedales son ecosistemas tan dinámicos que cualquier intervención, por más mínima que sea, altera su estructura y funcionamiento”, agrega. “La lucha que venimos llevando las comunidades hace años en defensa de los humedales necesita un cambio radical en la perspectiva y cosmovisión de los tomadores de decisiones.”
Las turberas más australes
En Tierra del Fuego, la provincia más austral de la Argentina, se concentra el 95% de las turberas del país. Se trata de un tipo de humedal compuesto por musgos o plantas vasculares que funciona como “aspiradora” de carbono, por lo que tiene un rol de suma importancia en la lucha contra el cambio climático.
“Las turberas cubren solo el 3% de la superficie terrestre del planeta y se encuentran entre los ecosistemas más complejos. En el mundo, capturan el 30% del carbono del suelo, y el doble de lo almacenado en la biomasa vegetal. El carbono almacenado en ellas es equivalente al 75% del dióxido de carbono (CO2) atmosférico. Aparte de este formidable almacenaje, no apreciable en otros ecosistemas terrestres, también albergan el 10% del agua dulce del planeta y previenen inundaciones”, describe un reporte de Rewilding Argentina.
Además de estos y otros servicios ecosistémicos, estos entornos son esenciales para actividades económicas regionales como la horticultura, en la que se los utiliza como abono para mejorar los suelos, o como escenarios para actividades de recreación y turismo.
No obstante, como sucede con tantos otros humedales en la Argentina, estos están en riesgo. Entre las amenazas que hoy enfrentan se incluyen la construcción ilegal, algo que se observa a pocos kilómetros de la capital provincial Ushuaia, en la zona de Rancho Hambre. Esta tendencia a la construcción ilegal sobre humedales se repite desde hace varios años en esta zona de bosque contiguo a la turbera y al río Lasifashaj, un sitio actualmente protegido como “Reserva Provincial Valle Tierra Mayor”.
La ley, esa cuenta pendiente
La desprotección de los humedales argentinos no es algo que pase desapercibido para la sociedad. El pedido #LeyDeHumedalesYA lleva más de una década, y es cada vez más amplio. Sin embargo, su concreción es una cuenta pendiente.
En 2013 y 2016, el Congreso de la Nación trató dos proyectos, pero sólo llegaron a obtener media sanción en la Cámara de Senadores, ningún avance en la de Diputados, antes de que se venciera su plazo de tratamiento.
Durante 2020, las voces a favor de la ley se elevaron aún más por los incendios que asolaron a la mitad del país y consumieron unas 350.000 hectáreas de humedales. La política respondió presentando 15 proyectos de ley (10 en Diputados y 5 en Senadores). Hacia el final del año, y luego de que diversas organizaciones presentaran un pedido con 650.000 firmas para que la norma avance, un proyecto unificado obtuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de Diputados. Pero, para ser votado en el recinto, este debe pasar primero por las comisiones de Agricultura y Ganadería; de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y de Presupuesto y Hacienda. Y esto no está sucediendo.
Hoy, el proceso está virtualmente paralizado. La ley se sigue haciendo esperar. Y el reclamo popular para que el proyecto sea tratado continúa.
Semanas atrás, una caravana de más de 60 kayas de la Multisectorial Humedales recorrió más de 350 kilómetros del río Paraná con este pedido. Navegaron desde la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, hasta el Dique Luján, en la provincia de Buenos Aires, para luego marchar por la Ciudad de Buenos Aires. Cientos de personas se unieron a los kayakistas, que llegaron hasta el Congreso para presentar un petitorio, respaldado por más de 400 organizaciones socioambientales, para que la Ley de Humedales sea una realidad.
“2020 nos dejó las cenizas de un país en llamas: más de 1.200.000 hectáreas afectadas por el fuego, miles de ejemplares de nuestra fauna muertos y cientos de casas perdidas”, dice el documento, según el cual preocupa “enormemente la falta de avances en la Cámara de Diputados”.
El pedido se repite, la urgencia se renueva. Si Diputados no vota el proyecto antes del cierre de este año legislativo, al igual que pasó en 2013 y 2016, este perderá estado parlamentario. Y la historia comenzará otra vez.
Imagen principal: Laguna Los Aparejos, en Catamarca, “Sitio Ramsar” de importancia internacional donde se pretende realizar pozos de perforación del proyecto Yergo de minería de litio en salmuera, de la empresa canadiense Portofino Resources Inc. Crédito: Dra. Felicitas Arengo, AMNH.
(Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina, del que Red Ambiental de Información (RAI) forma parte. Licencia Creative Commons con mención del autor/es.)
