Por Adrián Atehortúa / Pressenza
Ilustración: Didier Pulgarín
En riesgo de exterminio se sienten las comunidades indígenas del país por el asesinato sistemático de sus liderazgos, que profundiza los históricos problemas asociados al abandono estatal y la pérdida del territorio y de sus prácticas ancestrales. Primera entrega de una serie periodística sobre la crisis de los indígenas.
Históricamente, los 115 pueblos indígenas que habitan en Colombia han vivido una lucha constante por obtener el reconocimiento de sus derechos. Desde hace más de cinco décadas, su resistencia se ha librado en medio de agresiones asociadas al conflicto armado, escenario que en la actualidad configura uno de los momentos más críticos de su historia, debido al recrudecimiento de la violencia en sus territorios tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC en noviembre de 2016.
“La situación de los pueblos indígenas en Colombia evidentemente es de resistencia. Es una lucha que ha tomado siglos, no es algo reciente. Podemos decir que las luchas recientes de los pueblos indígenas colombianos se han intensificado y visibilizado también porque la situación que vivimos no da para menos. En esa lucha hay cuatro principios, que son defender nuestra cultura, mantener la unidad, defender el territorio y lograr nuestra autonomía, y por esos principios es que los diferentes actores armados, legales e ilegales, incluido el mismo Estado, han venido queriendo dominar a los pueblos indígenas del país”, explicó Óscar Montero de La Rosa, líder indígena kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Luego de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las FARC se ha presentado una crisis sin precedentes entre las comunidades indígenas que ha desencadenado violaciones a los derechos humanos como asesinatos, amenazas, persecuciones, desplazamientos, confinamientos y el reclutamiento de menores. Por eso los indígenas afirman que no ha habido una crisis humanitaria semejante a la que pasan actualmente, exceptuando la lejana época de la colonia iniciada el 12 de octubre de 1492; periodo que, en general, las comunidades señalan como el comienzo de una racha de persecuciones de las cuales aún no hay justicia ni reparación.
En sus análisis, líderes indígenas de comunidades a lo largo del país coinciden en un común denominador que explica el origen de este nuevo ciclo de violencia: el abandono estatal, esta vez explicado en el incumplimiento del Acuerdo de Paz. Tras la salida de las FARC de las zonas que dominaron a lo largo de su existencia, los pueblos nativos esperaban la llegada del Estado colombiano a esos territorios, tal como se estableció en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado en noviembre de 2016 en Bogotá. Sin embargo, esa presencia estatal nunca llegó.
“Con la firma de los Acuerdos de Paz bajó la intensidad del conflicto y volvió un poco la normalidad a las comunidades porque, claro, las FARC que eran el principal actor armado en la zona estaban saliendo del territorio. Pero para mediados de 2018 se recrudeció nuevamente el conflicto en esa zona, sobre todo en los territorios indígenas, porque las FARC salieron pero el Estado no tuvo la capacidad de llegar a esos territorios. Y cuando digo que no tuvo la capacidad no me refiero solo a la parte militar: no tuvo la capacidad de llegar con intervención social”, explicó Alexis Espitia de la Organización Indígena de Antioquia (OIA).
Durante el gobierno de Duque empeoró la situación
De acuerdo con cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta noviembre de 2019 se han presentado 43.033 hechos victimizantes denunciados por las diferentes organizaciones indígenas del país. De esos, 184 corresponden a homicidios, 11.643 a desplazamiento y 25.903 a confinamiento. Solo durante el primer año de gobierno del presidente Iván Duque se reportaron 868 amenazas, 128 homicidios, 5.180 personas desplazadas y 12.549 confinadas.
“El gobierno nacional de Iván Duque, que es el responsable de seguir cumpliendo los Acuerdos de Paz de La Habana e implementar la paz en Colombia, no se ha dado a implementarlos. Por eso en el marco de su gobierno ha habido más muertos, más desplazados, más asesinados y más hechos victimizantes en todos los sentidos. De tal manera que eso implica que en Colombia seguramente los procesos no van a cambiar, porque la paz no es solo firmar un acuerdo y que se cumpla. La paz tiene que ver con los planes de gobierno”, dijo Aida Quilqué, Consejera de Derecho Humanos de la ONIC.
Ante la escalada de violencia contra los indígenas que comenzó a presentarse desde 2016 y que a la fecha no ha dado tregua, en agosto de 2018 los pueblos nativos decretaron Estado de Emergencia y un año después, en octubre de 2019, volvieron a hacer el mismo llamado denunciando públicamente una lógica de genocidio sistemático, basados en los repetitivos casos de asesinatos de líderes sociales indígenas que se han presentado sin interrupción. En ese momento indicaron que de los 158 asesinatos de líderes sociales indígenas reportados a octubre de 2019, 94 se dieron durante el gobierno de Iván Duque.
“No ha habido un cambio. Antes y hoy es lo mismo. Diría que hoy es peor, porque ahora es sistemático y el genocidio de los pueblos indígenas avanza con mucha más fuerza. Vemos que la falta de atención y de garantías plenas a las comunidades indígenas y a las organizaciones sociales del país, son una estrategia para militarizar los territorios, lo cual rechazamos de manera contundente. La solución no es la militarización porque muchos riesgos que tenemos en los territorios es por la presencia de grupos armados incluyendo la fuerza pública”, manifestó Quilqué.
La exclusión social y política agrava el panorama
Es común en Colombia que las personas no indígenas no estén enteradas de quiénes son y cómo viven los pueblos que ancestralmente han habitado el territorio nacional. En consecuencia, se desconoce la riqueza de sus conocimientos, sus costumbres culturales y su trascendencia espiritual, que son de vital importancia para su existencia, tal como lo dice su Ley de Origen. La situación se agrava cuando ese desconocimiento se focaliza en los dirigentes políticos y en los funcionarios del Estado encargados de garantizar sus derechos.
“A pesar de que siempre hemos estado aquí hay un desconocimiento sobre la población incluso dentro de las mismas instituciones del Estado. Ese tipo de desconocimiento ha llevado a que se vulneren los derechos de las comunidades por parte de la misma institucionalidad. En esta crisis de derechos humanos que tenemos nos encontramos con eso: instituciones que no tienen las condiciones adecuadas para atender a las poblaciones indígenas. Hay instituciones que dicen: ¡Ah! ¿Es que en Dabeiba hay indígenas?, y que no saben que ciertas poblaciones están a tres días de camino”, afirmó Alexis Espitia.
Situaciones como estas, hacen más difícil que la población no indígena de Colombia dimensione la gravedad de la crisis que viven actualmente los pueblos ancestrales del país y que se les incluya en los programas y planes de desarrollo territorial, económico y social, tanto en lo nacional como en lo departamental y lo municipal.
Al respecto, Elizabeth Apolinar, líder indígena de la Orinoquía, expuso que el tema de la exclusión o la marginalidad de los pueblos ancestrales en la planeación de los programas de desarrollo se pueden evaluar a través de “la efectividad de las Mesas Departamentales de Concertación. En departamentos como Arauca funciona muy bien. La de Casanare tiene una muy buena relación con el gobierno indígena y el departamental. Pero en el Vichada, por ejemplo, este relacionamiento es prácticamente nulo, cuando esas Mesas de Concertación son el verdadero lugar donde los gobiernos indígenas pueden tener un diálogo y una inclusión en las políticas del gobierno departamental”.
Otra particularidad del panorama, según Arbey Gañán, líder del pueblo Emberá y del Concejo Regional Indígena de Caldas (CRIC), es la falta de voluntad política del gobierno para implementar grandes programas y proyectos que resuelvan los problemas de fondo de las comunidades indígenas. “El Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional expresa que hay pueblos en vía de exterminio físico y cultural por culpa del conflicto social y armado. Y entre esos pueblos está el pueblo Emberá. Desde ese momento hasta la fecha por parte del gobierno solo hemos encontrado ofertas institucionales de pequeños proyectos que no suplen las necesidades ni la salvaguarda de los pueblos indígenas. Pero ahí estamos luchando con las instituciones del gobierno diciéndoles: «¡cumplan!» Y eso, obviamente, requiere de inversión estructural, educativa, sistemas de producción, de justicia… Eso se debe cumplir, no es por si les da pesar, es una orden. Nosotros hacemos parte del Estado y es un mandato de Estado que el gobierno tiene que cumplir”.
Justamente uno de los problemas estructurales que enfrentan los pueblos indígenas que el Estado aún no ha resuelto es el acceso y la titulación de la tierra y, con ello, la protección de sus territorios ancestrales. La desprotección y la falta de garantías en ese campo, han llevado a que en diferentes zonas del país como el Eje cafetero, la Orinoquía o la Amazonía, hoy las comunidades nativas estén amenazadas por la acumulación y el despojo de sus tierras para la implementación de proyectos de minería, ganadería o monocultivos, situación que, asociada a la violencia, empuja a varios de estos pueblos al borde del exterminio.
“La extinción se refiere a lo físico y a lo cultural: a la desaparición de los pueblos y la pérdida de su cultura. Y eso pasa cuando los sacan de sus territorios, vulnerando sus derechos, acabando con su cultura, no financiando la educación, la salud. Las políticas de fumigación con glifosato del Estado que envenenan y contaminan las chagras medicinales y las plantas sagradas. El conflicto armado en sí mismo es una forma de desaparición física. Hay muchos pueblos ya desaparecidos. Hay uno en este momento con un solo integrante en la Amazonía. Los Cofán, por ejemplo, eran catorce mil y ahora son ochocientos. El 90% de la población indígena en vía de extinción en Colombia está en la Amazonía. La Corte ordenó a todas las instituciones a crear planes de salvaguarda que deberían hacerle frente al asesinato sistemático, la vulneración de derechos humanos en asocio al conflicto. Pero no se implementaron. Ahí están consignados en documentos. Nunca se les asignaron los recursos para su implementación. Es gravísimo”, explicó Robinson López, líder indígena de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
Todas estas situaciones demuestran que salvar a los pueblos indígenas del abandono, la violencia y el riesgo de exterminio en el que se encuentran, requiere voluntad política por parte de gobernantes y funcionarios del Estado, de lo contrario la emergencia humanitaria que hoy viven se continuará profundizando.
Fuente: Pressenza
