Por RAI*
El 22 de junio de 2020, fue aprobado el informe de admisibilidad No. 113/20, que admite la petición presentada por 64 comunidades indígenas que denunciaron al Estado boliviano por la violación a sus derechos territoriales, según comunicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La petición denunció el propósito y las acciones del gobierno nacional de Bolivia de construir el controversial tramo II de la carretera ‘’Villa Tunari – San Ignacio de Moxos’’, que atraviesa el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Cuyo proyecto de infraestructura generó múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas del país.
En este caso, el Estado tomó decisiones y acciones legislativas y administrativas sin consultar ni obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, y tomó medidas de fuerza y represión contra la “VIII marcha Indígena”, en la localidad de Chaparina en el 2011. Estas acciones, junto a otras posteriores, se constituyeron en un proceso sistemático y agresivo a los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia.
Fue así que el 8 de mayo de 2012, un grupo de líderes indígenas, junto al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), pusieron en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estas violaciones.
El 30 de julio de 2014, ante la inminencia de la construcción de la carretera y por el aumento de las violaciones de derechos humanos, que se vio reflejado en el incremento de afectaciones, daños colectivos, y daños a la integridad física y personal de los miembros de las comunidades indígenas del TIPNIS, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y la organización EarthRights International, se adhirieron a la petición y presentaron información que daba cuenta de la gravedad de la situación.
“El TIPNIS unificó a gran parte de Bolivia en la “VIII Marcha Indígena”, la que se gestó a lo largo de cuatro años de resistencia a continuos avasallamientos no sólo al TIPNIS sino a otros territorios. La Resolución de aceptabilidad del caso en la CIDH significa una esperanza de justicia y respeto de los derechos de todas las familias de las comunidades indígenas, en particular del TIPNIS”, indicó Adolfo Moye, ex presidente del TIPNIS y quien, durante su gestión en el año 2009 había logrado consolidar el título de propiedad de este territorio, como Territorio Indígena Originario y Campesino (TIOC), en favor de los pueblos Mojeño Trinitario, Yuracaré y Chimán.
Con datos de Earthrights
Foto de portada: “VIII Marcha por la defensa del territorio, la vida y los derechos de los pueblos indígenas”. Foto: Hsas Lelponi Maria Alba Guillen.
