- Las hidroeléctricas Rositas e Ivirizu y el proyecto siderúrgico Mútún son los tres casos incluidos en un informe regional.
- Los casos han sido documentados en el Informe de mitad de período del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China.
- El Informe será presentado en el marco del 49° Consejo de DDHH de la ONU que se celebrará en Ginebra, Suiza.
Los tres casos han sido documentados como parte del informe titulado “Derechos Humanos y Actividades Empresariales Chinas en Latinoamérica”, que será lanzado el 23 de marzo a las 10.00 en un evento paralelo del 49° Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El informe de EPU incluye el examen de 26 proyectos chinos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Entre ellos destacan de Bolivia los casos de las hidroeléctricas Rositas e Ivirizu.
China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos de desarrollo en Latinoamérica, generando un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones. Esto preocupa, más aun sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.
El informe denuncia que el proyecto Siderúrgico Mutún, financiado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China e impulsado por la empresa china Sinosteel Equipment & Engineering Co. Ltda. (Sinosteel), afecta principalmente al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Otuquis. Pantanal boliviano(sitio Ramsar) y Bosque Seco Chiquitano y a los pueblos indígenas chiquitano y ayoreo, así como a las siete comunidades campesinas que en el habitan. Según los datos del CEDIB y el CICDHA el proyecto ha violado derechos de consulta previa, al medio ambiente sano, sobre todo por la afectación a los humedales de la zona, así como derechos laborales de trabajadores empleados por la empresa, que se vienen reiterando desde 2015.
Otro caso denunciado es el de la hidroeléctrica Rositas, financiado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y ejecutado por Asociación Accidental Rositas (AAR) junto con China International Water & Electric, China Three Gorges Corporation y la Empresa Constructora Reedco SRL. Este megaproyecto múltiple afectaría a 23 comunidades indígenas guaranís que habitan el Parque Nacional y Área de manejo integrado (ANMI) Serranía de Iñao, el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande y el Área Protegida Municipal Parabanó. El proyecto está paralizado debido a las protestas por violaciones de derecho a la consulta previa libre e informada.
El tercer caso analizado en el informe internacional es el proyecto hidroeléctrico Ivirizu, que afecta principalmente a la biodiversidad y más de 280 hectáreas del Parque Nacional Carrasco en la Amazonía de Bolivia. Este proyecto está siendo impulsado por la empresa china Sinohydro Corporation Limited, y financiado por la Empresa Eléctrica Valle Hermoso EVH con recursos propios.
El estado chino ha participado en tres ciclos del Examen Periódico Universal (EPU: 2009, 2013, 2018), y en el último de estos el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), junto a otras OSC, elaboró ocho Informes Sombra sobre la responsabilidad extraterritorial del país asiático respecto a las actividades de sus empresas y bancos en América Latina. En el último EPU, China asumió varios compromisos aceptando 284 recomendaciones, de las cuales seis corresponden al cumplimiento de obligaciones extraterritoriales de garantizar que sus actividades económicas respeten y protejan los derechos humanos y el ambiente fuera de China.
Imagen principal: comunidades de Vallegrande se manifiestan en rechazo a Rositas. Créditos: Mauricio Vera
