- Después de cuatro años de soportar la falta de agua, entre otros problemas ambientales, las cinco comunidades que conforman la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó en San José de Chiquitos, han presentado una demanda legal contra hacendados que represaron las aguas del río San Lorenzo, cabecera del río Tucabaca, cuyas aguas desembocan en el Parque Nacional Otuquis.
Por Erika Bayá
En 2020 las cinco comunidades de la TCO Turubó en San José de Chiquitos, se dieron cuenta que el caudal del río San Lorenzo que pasa por su territorio se estaba secando. Inicialmente pensaron que la causa era el Cambio Climático, pero luego se enteraron y además verificaron que dos haciendas habían construido tres represas para desviar el cauce. Este tema fue ampliamente explicado en 2021 por la Red Ambiental de Información, en colaboración con Mongabay Latam, en el reportaje: Haciendas ganaderas desvían rio en la Chiquitania y dejan sin agua a poblaciones indígenas. Cuatro años después, las comunidades de la TCO lograron interponer una demanda judicial contra el representante legal de una de dichas propiedades ganaderas y el 9 de octubre se realizó una inspección ocular a cargo del Juzgado Agroambiental de la Provincia Chiquitos y Germán Busch.
La comunidad demanda la remoción de las represas, la restauración y reparación del ecosistema y una indemnización por daños y perjuicios en favor de las dos comunidades que se quedaron sin agua, indicó Rodrigo Herrera, el abogado que está llevando la causa a favor de las comunidades afectadas.
En la fecha prevista, se instaló la audiencia en la puerta de ingreso de la Hacienda San Lorenzo con la presencia del demandante, el cacique W.H., en compañía de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T), su Organización de Gestión Territorial Indígena Turubó Este (OGTI), caciques y representantes de las comunidades Entre Ríos, Ramada, San Juan de Chiquitos e Ipias, que forman parte de la TCO Turubó y su representante legal Rodrigo Herrera. El demandado, R.A.C., se encontraba en compañía de sus abogados Juan Carlos Prado y Jorge Zabala Gutiérrez. Durante la reunión, y después de todos los protocolos correspondientes, estos adujeron que no se había citado al dueño de la propiedad, por lo tanto, no se permitiría el ingreso de nadie para la inspección ocular. Ante esta decisión, el juez agroambiental Álvaro Flores Arizaga decidió hacer la inspección a la tercera represa, ubicada en el predio Copacabana, supuestamente una tierra fiscal.
Una vez allí, la autoridad ambiental pudo verificar la obra de infraestructura. Se trata de un terraplén que claramente impide el cauce natural del río San Lorenzo, donde además han instalado tuberías para controlar el flujo del agua. Al otro lado del terraplén se puede notar que el agua tiene signos de estancamiento.
El río San Lorenzo hace parte de la cabecera del río Tucabaca, cuyo cauce recorre más de 200 kilómetros en medio del Bosque Seco Chiquitano, captando las aguas de arroyos y riachuelos que, finalmente, son depositadas en el Parque Nacional Otuquis, protector del mayor humedal tropical del mundo: el Pantanal. El río Tucabaca es uno de los principales tributarios de este humedal, pues no solo transporta agua, sino también una gran cantidad de nutrientes que alimentan a muchas especies vegetales y animales.
De acuerdo a las declaraciones del abogado Herrera, estos canales de represamiento del río están afectando los derechos de las comunidades indígenas, pero además a los componentes de la Madre Tierra, porque se ha manipulado y se ha afectado el caudal y el recorrido natural del río. Ahora, el agua es escasa en la TCO Turubó, pero además se ha afectado a la fauna ictícola, a los animales silvestres de la zona que forman parte del alimento que consumen las comunidades. Asimismo, en el lugar se puede verificar que el suelo está seco y erosionado.
“Este hecho vulnera los derechos constitucionales establecidos en el Art. 33 de la Constitución Política del Estado, que dice de manera textual: ‘Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente’”, detalló el jurista.
Según el demandante, ese terraplén se lo había llevado la lluvia, pero durante la inspección han podido verificar que lo volvieron a construir. “Esto no se puede quedar así, se tiene que destruir. Está obstruyendo el cauce del río, es un daño, un impacto de consecuencia a nuestras comunidades. Estamos sin agua, el río San Lorenzo nos provee el líquido vital a toda la población de la TCO, que es un territorio ancestral. Pido al juez que interponga sus buenos oficios y se haga justicia”, exclamó el cacique de la Comunidad Buena Vista, una de las afectadas.
Hurtado explicó que esta es la segunda inspección que se hace a estas represas. La primera la hizo la Gobernación de Santa Cruz y existe un informe detallado de las obras que están en la Hacienda San Lorenzo, un documento que contiene los relatos del Sr. R.A.C sobre estas infraestructuras. “Es una larga historia y esperamos que esto llegue a su fin”, expresó el demandante.
La próxima cita de inspección ocular realizada por el Juez Agroambiental tendría que llevarse a cabo muy pronto. Para esa visita, todos los presentes en la audiencia del 9 de octubre quedaron notificados, pero además se notificará al propietario de predio San Lorenzo ubicado en el municipio de San José.
Imagen principal: Terraplén que corta el cauce natural del río San Lorenzo, donde se han instalado tuberías para controlar el flujo del agua. Foto: Erika Bayá / RAI Bolivia
