La obligación que tiene la Gobernación de Potosí no se cumple y solo realizan análisis a las aguas colectadas de varias represas, lo que no permite identificar quién incumple con la normativa ambiental.
Por Luis Alberto Guevara
(Este reportaje es una alianza periodística entre Correo del Sur y la Red Ambiental de Información – RAI)
Solo cuando un dique de colas colapsa, el tema de la contaminación minera toma ribetes de escándalo, pero ¿qué pasa con la calidad de las aguas que día a día se vierten a las cuencas de estos repositorios de desechos minerales?
Intentamos desentrañar esta pregunta adentrándonos a la actividad minera que se realiza en el municipio de Potosí, cuyas aguas de los diques de colas se vierten a la cuenca del Río Pilcomayo.
Empero, una primera constatación que sale a relucir es que desde la Gobernación de Potosí no hay un control a las aguas que vierten cada uno de los diques de cola como lo manda el Reglamento de Contaminación Hídrica, sino que los análisis se hacen a las aguas colectadas de varios diques. Entonces, ¿cómo se establece qué repositorios de desechos mineros cumplen o no con la normativa?
¿Qué es un dique de colas?
El decano de la Facultad de Minería de la Universidad Tomás Frías de Potosí, Freddy Mamani, explica que un dique de colas es una presa de tierra bien compactada cubierta de geotextiles para evitar filtraciones. A ese vaso se vierten las aguas que salen de los ingenios donde se hace la flotación de los complejos de plomo, plata y zinc.
En el proceso de flotación lo que se hace es triturar el mineral hasta lograr una molienda tan fina, “por lo menos a 200 mallas o 74 micrones del mineral”, como resultado de un trabajo en tres celdas con el uso de reactivos como, por ejemplo, el cianuro de sodio, sulfito de sodio, sulfato de zinc, sulfato de cobre y metil isubotil cadinol, detalla Mamani.
De este proceso se obtienen concentrados de plata, plomo y zinc que son destinados a la exportación, mientras que a los diques se vierten las colas o desechos, que es una pulpa compuesta de 30% de sólido y 70% de agua.
Allí, en el dique de colas, se crea un espejo de agua donde los sólidos se van sedimentando hasta que el agua se clarifica y vuelve a ser reutilizada por los ingenios.
“Esas colas contienen minerales de ‘ganga’, como el sulfuro de hierro, que es pirita; sulfuro de hierro; y cobre, que es la calcopirita, y algunos otros más”, precisa Mamani.
Entonces, ¿esto quiere decir que no debe salir ni una gota de agua de los diques de cola hacia la cuenca? “Claro que tiene que salir porque si no se puede saturar el dique”, contesta la autoridad universitaria.
Hasta ahí el proceso minero, aparentemente, se habría cumplido sin mayores contratiempos, pero la duda de daño ambiental surge cuando las aguas residuales de los diques de colas se vierten a los cauces naturales. La Ley de Medio Ambiente N° 1333 y su Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica establecen ciertos niveles de contaminación que deben ser controlados.
Por ejemplo, Mamani afirma que el PH de las aguas de los ingenios mineros para la flotación de plomo se realiza en un rango de 8 a 10, pero si es de zinc sube de 10 a 12. “Si no se hace ningún tipo de tratamiento estaríamos evacuando al río o al cuerpo de agua con un PH fuera del límite establecido, porque claramente la ley 1333 de Medio Ambiente, en sus reglamentos en materia de contaminación hídrica, nos indica que el PH que debe tener un cuerpo de agua es de 6,5 a 9. Ese es el límite permisivo”.
¿Quién se encarga de hacer cumplir esta norma?
CONTROL
De acuerdo a Ley de Medio Ambiente el responsable de controlar la calidad del agua que vierten los diques de colas son las gobernaciones y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero la sensación de la población es que no lo hacen.
La presidente de la Sociedad Potosina de Ecología (SOPE), Mariel Tapia, dice que solo sale a relucir la publicidad de los controles cuando se presentan grandes eventos de contaminación como la ruptura del dique de colas de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin), ubicado en Agua Dulce, municipio de Potosí, ocurrido el 23 de julio de 2022.
“Por lo general no hacen muchos controles, tienen poco personal que hacen controles y no son como deberían ser: continuos. Solo cuando hay este tipo de denuncias es que recién actúan”, sostiene Tapia.
El decano de la Facultad de Minería recuerda que los controles deben realizarse cada seis meses de las aguas que vierten en cada uno de los diques de cola. Estos análisis deben ser físicos y químicos a cargo de la Gobernación de Potosí y de los propios operadores mineros. La información a ser obtenida tiene carácter público y de acceso irrestricto, resalta.
NO HAY CONTROL
Efectivamente, el control a las aguas que vierten los diques de colas, por cada uno, no se hacen, según admite el secretario departamental de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí, Hernín Pastor.
“Por dique no lo hacemos nosotros”, afirma al explicar que los monitoreos solo se realizan cuando las aguas de los diques confluyen a una misma microcuenca o cuenca. “Los diques de colas de los ingenios no los tenemos controlados todavía”, recalca.
De hecho, esta forma de analizar la calidad del agua no permite establecer con seguridad quién o quiénes están incumpliendo con la norma ambiental, reconoce Pastor.
El artículo 30 del Reglamento de Contaminación Hídrica dice que “(…) el Prefecto con el personal de los laboratorios autorizados, efectuarán semestralmente el monitoreo de los cuerpos receptores y de las descargas de aguas residuales crudas o tratadas, tomando muestras compuestas de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, en relación al caudal y durante las horas de máxima producción. Los resultados de los análisis serán presentados al representante legal”. Cuando dice al representante legal se refiere a cada uno de los ingenios.
“Eso es lo que actualmente no está trabajándose en controlar lo que es (salida del agua) de los diques de cola”, sostiene el secretario de la Madre Tierra al revelar que tampoco se hace con las aguas de las bocaminas que se vierten directamente a su cauce natural. “Las bocaminas casi en su mayoría, a nivel Potosí, no cuentan con una planta de tratamiento de aguas ácidas, recién estamos en eso para poder ya implementar algunas plantas de tratamiento de aguas ácidas”, puntualiza.
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Sin embargo, recabar esa información es difícil. La concejal municipal de Potosí, Reyna Menacho, cuenta que acceder a la información sobre el manejo ambiental de la minería “es un poco complicado”. “Toda documentación que solicitamos en el marco de fiscalización tiene que llegarnos en 5 días, pero, lastimosamente, nos llega un mes después, dos meses después o, a veces, tenemos que esperar 3 meses, o, en su caso, tenemos que activar lo que es una reiterativa”.
Similar problema encuentra la Gobernación de Chuquisaca que en varias oportunidades envió notas solicitando los resultados de los controles a la calidad del agua que se vierte a la cuenca del Pilcomayo. El secretario departamental de Medio Ambiente de Chuquisaca, Jairo Gutiérrez, recuerda que en agosto enviaron solicitudes de información a su similar de Potosí y no recibieron respuesta hasta ahora pese, incluso, a las notas reiterativas que hicieron.
Los indígenas del ayllu Kala Kala Villedo Caracollito han tenido una experiencia similar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a quien solicitaron información respecto a la contaminación minera en septiembre y tampoco recibieron respuesta hasta diciembre, dice el vecino de esa organización ancestral, Jacobo Paco.
ACTIVIDAD MINERA
La operación de empresas y cooperativas mineras en el municipio de Potosí causa preocupación debido a que hay varios emprendimientos que trabajan sin la respectiva licencia ambiental o, definitivamente, son clandestinos como lo reconoce la misma Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí.
Así, de 58 ingenios mineros que operan solo en el municipio de Potosí, 24 trabajan en el área urbana y 34 en el área rural; de ese total, 17 operan sin licencia ambiental, lo que equivale a un 30% del total, según un informe que recibió de la Gobernación de Potosí la concejal Menacho.
Otros datos, revelan que de 76 comercializadoras mineras que trabajan en Potosí, 70 (92%) no tienen su licencia ambiental; además se identificó que hay 10 emprendimientos clandestinos. También se hace referencia a la existencia de 52 laboratorios químicos que, en su mayoría, prestan servicio a la minería, de los cuales 30 (56%) no tienen licencia ambiental. Asimismo, se hizo referencia al funcionamiento de 27 cooperativas mineras, de las que 19 (70%) no tienen licencia ambiental, según el mismo informe de fecha 7 de octubre de 2022.
De hecho, estos datos demuestran que la Gobernación de Potosí no cumple su rol de ejercer control sobre la actividad minera, coincidieron en señalar la asambleísta departamental de Potosí, Azucena Fuertes y la concejal Menacho.
CALIDAD DE LAS AGUAS
No cabe duda que la calidad del agua que se vierte de los diques de colas a diario a la cuenca del Pilcomayo es un asunto definitivamente olvidado por instituciones y dirigentes. La presidenta de la SOPE dijo que estos temas salen a relucir cuando hay eventos escandalosos de contaminación minera.
La concejal de Potosí reconoció que hasta ahora “no hemos realizado una inspección sobre este particular”, pero fue el senador por Chuquisaca, Santiago Ticona, quien constató que las aguas que salen de los diques de colas tienen variaciones de color y volumen en dos inspecciones que realizó al mismo lugar.
En la primera visita que hizo en agosto pasado al río Cabañías verificó que el agua tenía un color de naranja a rojizo, y cuando regresó al mismo lugar en octubre observó que el agua tenía similares características de color, pero además el volumen había aumentado en un 200%.
Eso le llevó a concluir que los ingenios mineros soltaban de los diques de colas agua contaminada sin ningún tipo de control. “Eso nos ha preocupado de gran manera”, recalca Ticona.
En este punto, es oportuno recordar lo que dice el Decano de la Facultad de Minería: El agua que debe salir de los diques de colas incluso para su reutilización debe estar clarificada.
En agosto, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua mediante un comunicado aseguró que, a partir de un informe técnico, la contaminación es nula en el río Pilcomayo y que no se registran daños en la vida acuática. Ese mismo mes, la Gobernación de Tarija indicaba que un informe estableció que el cuerpo de agua del Pilcomayo es de clase C y no se puede consumir sin previo tratamiento.
En medio de estas contradicciones, Ticona tomó, en su segunda visita, tres muestras de agua en botellas de plástico de diferentes lugares y en una sesión de interpelación por la contaminación minera, el 26 de octubre, le invitó al ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, a beber el agua que había recolectado, pero éste se negó.
PERSECUSIÓN
Pese a que la contaminación minera es recurrente todos los días para los productores agropecuarios, la denuncia es un mecanismo que ya muy pocos se animan a presentar porque la intimidación y la persecución se desata en contra de ellos.
Uno de los ejemplos es el que viven Jacobo Copa, Arsenio Garnica, Santos Diego y Antonio Copa del ayllu Kala Kala Villorio Caracollito en Potosí, que luego de presentar, en 2018, una denuncia ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por explotación minera ilegal a cargo de la cooperativa Huarimarca y una denuncia penal, fueron víctimas de una contradenuncia y procesados.
Jacobo Copa contó que “inexplicablemente” todos los informes que emitió la AJAM salieron a favor de esa cooperativa, cuando ellos conocen que esas tierras de su territorio (consideradas como de pastoreo colectivo) están consideradas como reserva fiscal y que se estaba registrando un avasallamiento. En consecuencia, a los dirigentes de la cooperativa les iniciaron un proceso penal por difamación. “Las cuatro personas hemos sido procesadas por defender la tierra y el medio ambiente, y tierra y territorio”, puntualiza Copa.
Sin embargo, ese no es el único proceso, también les persiguen penalmente la cooperativa Huayllapata que pretende trabajar también en ese territorio sin su autorización. Con esto, afirma Copa, ya suman siete los indígenas procesados por defender el medio ambiente.
“Yo destaco la constancia de los productores campesinos indígenas originarios que están asociados como regantes, como cuidadores del agua, sin un aval político, que son víctimas de persecución judicial, que son víctimas de censura y son víctimas también del propio Estado que no hace nada para defenderlos”, sostiene la asambleísta departamental de Potosí.
Esta situación de amenaza e intimidación hace que “mucha gente tenga un poco de miedo a denunciar cuando son afectados o son cooptados por las empresas, o piensan que van a perder su trabajo porque al menos, en Potosí, el trabajo está muy ligado a la minería”, asegura Tapia.
“Si, justamente, nos están intimidando”, corrobora Paco.
CORRUPCIÓN
El control, fiscalización y sanción a las actividades mineras que incumplen con la normativa nacional de protección al medio ambiente está directamente ligado a la corrupción, afirma Fuertes.
“Tengo la impresión, en base a todos los informes que he ido revisando, que también la crisis se agudiza ante indicios de corrupción de quienes deberían controlar las operaciones mineras”, manifiesta la asambleísta departamental de Potosí.
“Existen algunos malos empresarios que antes de cumplir los requisitos que exige una minería responsable (…) prefieren pagar a un servidor público”, que le va a costar mucho menos de lo que tendría que invertir en sus operaciones para ser responsables con el medio ambiente, sostiene Fuertes.
¿IMPUNES?
Tanto la asambleísta departamental y la concejal de Potosí aseguran que no conocen un solo caso en el que se hubiera sancionado a los responsables de la contaminación ambiental.
En agosto de 2014 un dique de colas de la empresa Minera Santiago Apóstol del municipio de Talabamba colapsó y los desechos mineros se vertieron a una cuenca del río Pilcomayo. El Ministerio Público abrió un proceso penal y ocho años después no hay ningún tipo de sanción.
El 23 de julio de 2022 colapsó el dique de colas de Fedecomin y más de 13.000 toneladas de desechos mineros se vertieron a una cuenca del río Pilcomayo. A cinco meses del hecho, la Fiscalía de Potosí no tiene a ninguna persona imputada.
Como estos dos grandes derrames también hubo otros más pequeños como el ocurrido con la empresa minera Zabaleta el 28 de marzo de 2022 o el rebalse de una cámara por donde atraviesa un ducto de residuos mineros metalúrgicos identificándose al ingenio minero Ñañay como el responsable, según un informe que presentó la Jefatura de Medio Ambiente de la Gobernación de Potosí.
Así como estos hechos, los otros que se generan a diario con la contaminación minera de las aguas que se vierten a la cuenca del Pilcomayo están quedando impunes y lo que es más preocupante, sin acciones inmediatas que exijan a los ingenios mineros verter agua en el marco de la normativa ambiental.
Imagen principal: un dique de colas ubicado en Arkhotambo, cuyas aguas se vierten a la cuenca del Pilcomayo. Foto: SOPE
