- El 15 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia para tratar el problema de la importación en exceso de mercurio en Bolivia y su relación con el tráfico ilegal de este producto en la región.
- Mongabay Latam conversó con Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) sobre cuáles son los problemas alrededor del mercurio en Bolivia y en el resto de la región.
Por Yvette Sierra Praeli / Mongabay Latam
Desde el año 2015 Bolivia empezó a importar grandes cantidades de mercurio, a niveles que llegan hasta el doble de lo que necesita y utiliza. Desde entonces han crecido las sospechas de que el país está abasteciendo de mercurio para la minería ilegal a países como Perú, Brasil y Colombia.
Como experto en los problemas de las actividades extractivas, agua, medio ambiente y derechos humanos, Óscar Campanini, actual director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) se dedicó a investigar qué estaba pasando con este elemento. La más reciente investigación que lidera en Cedib, en coordinación con la Universidad de Cartagena en Colombia, aún en proceso, tiene entre sus primeros resultados cifras alarmantes: de las 350 personas que han sido evaluadas —entre ellas indígenas Tacana y Uchipiamona— todas superan, en promedio, siete veces los límites permitidos en sangre.
Campanini también le ha seguido la pista al mercurio en exceso que ingresa a Bolivia y sus investigaciones han presentado indicios suficientes del tráfico ilegal hacia otros países del continente. Es por eso que Cedib, en coordinación con la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), solicitaron, en enero de este año, una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dicha audiencia, en la que también participó el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, se realizó el 15 de marzo. En esta entrevista, Campanini habla sobre lo que se debatió en el evento, el avance del tráfico de mercurio en el continente, los problemas de la minería ilegal en Bolivia y el Convenio de Minamata.
—El 15 de marzo se realizó la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las poblaciones indígenas afectadas por la contaminación por mercurio en Bolivia. ¿Por qué se solicitó esta audiencia?
—Nosotros desde la sociedad civil, como Cedib y junto con una red de organizaciones sociales afectadas por actividades extractivas denominada Contiocap [Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia], solicitamos una audiencia para presentar nuestras preocupaciones respecto a la vulneración de Derechos Humanos por el mercurio de la minería aurífera en el caso de Bolivia pero, además, por la situación de la importación de mercurio en el continente en su conjunto. Fue muy interesante porque estuvo presente el Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana. El año pasado, Orellana y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas presentaron un carta manifestando estas preocupaciones hacia el Estado boliviano.
En la audiencia se pudo reiterar y hacer énfasis sobre estas preocupaciones, particularmente sobre el rol que estaría jugando Bolivia a nivel del continente y muy particularmente con Perú. También estuvo presente el Estado boliviano para responder sobre el tema. Creo que hubo un consenso por parte del propio Estado, así como de los comisionados, sobre el problema significativo del mercurio en Bolivia.
—¿Cuáles son las consecuencias sobre los derechos humanos que está ocasionando el mercurio?
—La primera preocupación es la cantidad de mercurio que está importando Bolivia legalmente. Desde el año 2015 está importando un promedio de 180 toneladas de mercurio al año, cuando las estimaciones del propio Ministerio de Minería dan cuenta de que se necesitan solo entre 60 y 90 toneladas. Significa entonces que el 50 % de lo que se está importando legalmente termina fuera de Bolivia, aportando a un contrabando ilegal de mercurio. Una de las vulneraciones más importantes es que el Estado no está controlando estas importaciones legales, menos aún el comercio, uso y el posible contrabando de mercurio hacia otros países.
El segundo punto es el impacto directo que está teniendo sobre la salud de las personas. Hay estudios del año pasado que dan cuenta que comunidades indígenas en el río Beni ya tienen un nivel de mercurio en el cuerpo muy alto. En la audiencia estuvo presente también un experto de la Universidad de Cartagena, Colombia, que está realizando con nosotros [Cedib] un estudio aquí en Bolivia y dio datos del monitoreo que se ha realizado en las personas a lo largo de la cuenca del río Beni y del río Madre de Dios. Hasta el momento hay 350 muestras y todas superan el límite máximo establecido por la OMS [Organización Mundial de la Salud] a nivel internacional que es de una parte por millón. Por encima de ese límite, el mercurio puede generar daño a la salud. De estas 350 muestras casi todas tenían, en promedio, siete veces más del límite máximo y había casos de hasta 27 veces más de ese límite. El estudio está aún en proceso, pero este es un adelanto de información que fue contundente. Esto es algo que está ocurriendo en la cuenca del río Beni pero seguramente está ocurriendo en toda la Amazonía boliviana y, por supuesto, en toda la Amazonía a nivel continental. En el pasado también se han hecho otros estudios.
—¿Qué resultados han arrojado esos estudios?
—Hay múltiples estudios desde el año 2000 o incluso desde 1999. Casi todos son realizados por académicos y se han realizado en diferentes zonas y en diferentes momentos. En el 2014, el gobierno boliviano sistematizó todos estos resultados y logró identificar un riesgo potencial por mercurio en diferentes zonas del país, así como una idea de del grado de contaminación en varias regiones, particularmente en pueblos indígenas. Sin embargo, esto no llevó a una mayor acción. Recientemente la red internacional denominada IPEN [Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes] ha elaborado un estudio y, actualmente, el Cedib con la Universidad de Cartagena está desarrollando el estudio que he comentado.
—¿El estudio que aún está en proceso se ha hecho en comunidades indígenas?
—Las 350 muestras que se han tomado corresponden a personas de comunidades indígenas de los pueblos Tacana y Uchipiamona y de centros poblados que están en el punto medio de la cuenca del río Beni. Es un estudio que abarca principalmente las comunidades que consumen pescado de este río, porque es la principal vía para la contaminación de mercurio. El estudio comprende también la cuenca del río Madre de Dios que compartimos con Perú, pero los resultados de esa cuenca aún no están concluidos.
—En la audiencia también se abordaron los compromisos asumidos por el gobierno de Bolivia como parte del Convenio de Minamata. Uno de ellos es el avance del plan de acción del gobierno de Bolivia para eliminar gradualmente el uso del mercurio ¿Qué tanto ha avanzado el país?
—El convenio de Minamata, al cual está suscrito Bolivia, establece la obligación de todos los países que son parte de ir eliminando gradualmente el uso del mercurio y para los países que tienen actividad minera es importante que se establezca un Plan Nacional de Acción, es decir, una estrategia que los gobiernos establecen para ir controlando y disminuyendo el uso, el comercio y los desechos de mercurio. En el caso de Bolivia esto desafortunadamente no avanza, aún no tiene su Plan Nacional de Acción.
—¿Qué debe contemplar este plan?
—Una de las primeras medidas que se deben tomar es controlar la importación legal de mercurio en Bolivia, porque está entrando demasiado mercurio, cantidad que supera lo que lo que el país necesita. Bolivia tiene una responsabilidad con el país y con el continente, entonces se deberían tomar medidas al respecto, que no dependen del Plan Nacional de Acción. Desde el 2019 existía una propuesta de decreto supremo para crear un registro para el control del mercurio que se importa y saber hacia dónde va y cómo se usa, desafortunadamente, el gobierno boliviano no la ha aprobado hasta ahora. También es importante el control de la comercialización del mercurio en Bolivia y ahí pasa por el registro de quiénes compran, dónde venden, y para qué venden, porque si no hay un control adecuado este mercurio puede terminar contrabandeado en otros países. Y finalmente está el cómo se usa y se dispone del mercurio. Obviamente el sector minero es el principal usuario del mercurio y deberían establecerse mecanismos para un control mucho más estricto de cómo se almacena, cómo se usa y cómo se desecha.
—¿Actualmente existen normas que regulan el uso del mercurio?
—En Bolivia existe una normativa ambiental que establece la obligación de que la minería aurífera que usa mercurio sí o sí lo recupere a través de ciertos mecanismos. Esta normativa existe desde 1997, sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido que el 90 % del oro que se extrae en Bolivia no recupera mercurio. Ahí hay un tema de incumplimiento que el Plan Nacional de Acción debería ver cómo aborda y cómo se fortalece esta normativa para que realmente se implemente.
—El plazo para que se tenga listo este plan está por vencer. ¿Cree que se concrete a tiempo?
—El primer argumento del gobierno era que no tenía fondos, lo cual no es cierto porque el gobierno apoya al sector minero en aspectos que ni siquiera son necesarios, por ejemplo, ha financiado un edificio entero a una organización de cooperativas del departamento de Cochabamba por más de 700 mil dólares cuando este Plan Nacional de Acción cuesta 500 mil dólares. Esto evidencia que el Gobierno tiene otras prioridades. Si en tres años y medio el gobierno no ha podido iniciar el Plan Nacional de Acción, pensamos que será muy complejo que en dos meses pueda concluirlo.
—¿Qué dijo el gobierno durante la audiencia?
—No ha podido dar respuestas concretas y quedó en evidencia que el problema del mercurio es grande, que tiene serios impactos y que el Estado no está ejecutando las acciones necesarias.
El tráfico ilegal de mercurio en Latinoamérica
—Usted ha mencionado que se importan 180 toneladas de mercurio al año, cuando el mismo gobierno ha dicho que el país solo necesita entre 60 y 90. ¿Cuáles son los indicios de que el mercurio va a Perú, Brasil y Colombia?
—Ha habido varios operativos en Perú para el control de la minería ilegal y también del mercurio. En algunos de estos operativos hay testimonios de gente detenida que dice que parte de este mercurio provendría de Bolivia, y hay declaraciones en medios de comunicación, incluso de autoridades peruanas del Ministerio de Ambiente de Perú, sobre esta problemática. Además, en nuestro estudio sobre el comercio del mercurio en Bolivia hemos identificado que al menos cuatro importadoras bolivianas tienen muy estrecha relación con importadoras o personas involucradas en la minería en el Perú. También está el cálculo de la cantidad de oro que extrae Perú versus el mercurio que importa, en donde hay una diferencia significativa. Las importaciones legales de mercurio en Perú han disminuido muchísimo, prácticamente se han eliminado, sin embargo, la cantidad de oro que se extrae en Perú no ha bajado y sigue siendo una cifra importante.
—¿Y sobre Colombia y Brasil?
—En el caso de Brasil y de Colombia no existen indicios suficientes, pero se sabe que en el río Madre de Dios, en la frontera con Brasil, hay un flujo constante y regular de mercancías y obviamente de contrabando, incluido el oro, combustibles y otros bienes más. Entonces, es muy probable que también haya un flujo de mercurio, sin embargo, no existen datos como en el caso de Perú. Sin embargo, la cantidad de mercurio que aparece como excedente en Bolivia es significativa, entonces es muy probable que no solo sea a Perú, sino también a Brasil e incluso hasta Colombia, un país que está implementando el Convenio de Minamata y tiene un control muy estricto, tal vez tan o hasta más estricto que Perú respecto de la minería del oro y del comercio de mercurio. Sin embargo, Colombia tiene una actividad aurífera relevante que usa mercurio, entonces, no se explica fácilmente de dónde proviene el mercurio que se usa en ese país. Hay estudios que dan cuenta de que un posible flujo de mercurio de manera ilegal ocurra a través de las Guyanas y de Venezuela, pero también existe la otra hipótesis, de que probablemente sea desde Bolivia.
—¿De dónde proviene el mercurio que importa Bolivia?
El principal proveedor en los últimos siete años, que es el periodo en el que más mercurio se ha importado, ha sido México. Sin embargo, no es el único. En los últimos tres años Bolivia ha diversificado sus fuentes de abastecimiento de mercurio y han aparecido nuevos países como India, Rusia, Vietnam.
—¿En Bolivia no existe ningún tipo de control para la importación de mercurio?
—Se está intentando implementar desde hace un par de años un mecanismo del Convenio de Minamata que consiste en que el gobierno del país importador debería dar un consentimiento escrito a las empresas, así como el país que exporta, pero como esto no ha sido normado, hay una gran cantidad de importadores que no quieren cumplir este requisito. Entonces lo único que se necesita legalmente en Bolivia para poder importar es pagar un arancel del 5 %, como lo hacen la mayoría de las mercancías.
Mercurio para la minería ilegal de oro
—¿Cuál es la situación de la minería ilegal en Bolivia?
—En el caso de Bolivia hay un límite muy difuso entre la legalidad y la ilegalidad. El sector cooperativista minero aparece como organizaciones con fines sociales, pero en la práctica se han convertido en pequeñas empresas con grandes capitales. Bajo el argumento de que tienen un fin social se les ha flexibilizado muchos requisitos para los trámites y el cumplimiento de muchas normativas, por ejemplo, para empezar sus actividades muchas cooperativas arguyen que han iniciado un trámite y que eso sería suficiente para ir operando.
Por otro lado, también hay actividades totalmente ilegales pues ni siquiera han iniciado sus trámites y están realizando actividades mineras en zonas en las que no se permitirían estas actividades. Actualmente hay un gran debate en Bolivia respecto de las áreas protegidas y la norma que permite que se realicen ciertas actividades mineras en ellas. El propio Estado ha sido cómplice al modificar los planes de manejo de áreas protegidas para viabilizar minería en varias áreas protegidas. Eso ha ocasionado un descontrol total de la minería aurífera. Hace unos días hubo una reunión entre la comisión de Medio Ambiente del Senado y la autoridad jurisdiccional administrativa minera y esta última ha reconocido que el Estado no tiene capacidad para controlar la minería ilegal y que incluso hay mineros ilegales que usan armamento.
—¿Entonces se está agudizando la violencia?
—Nosotros realizamos un estudio hace cinco años en el río Madre de Dios, cerca a la frontera con el Brasil y recogimos testimonios de personas que decían que el contrabando del oro estaba asociado al narcotráfico y al contrabando de combustible con el lado brasilero. Estos testimonios incluían autoridades públicas en ese momento. Es un tema complejo en un contexto de demasiada violencia pero que da cuenta de que podrían existir estos vínculos entre diferentes actividades ilegales.
—La semana pasada se realizó la COP 4 del Convenio de Minamata. ¿Qué resultados ha tenido esta reunión y qué se espera para Bolivia?
—En el caso del convenio de Minamata hay varias críticas de organizaciones que ven la problemática del mercurio. Una de ellas es que el Convenio de Minamata no es lo suficientemente rígido para procurar la disminución del mercurio y ponen como caso central y principal el de la minería. La minería de oro es uno de los principales consumidores de mercurio en todo el mundo y para los países que tienen esta actividad, el Convenio establece un plan nacional de acción, pero sin suficientes criterios para asegurarse que tenga una acción contundente para disminuir el mercurio. Desafortunadamente, el caso de Bolivia demuestra que esa crítica es correcta.
Lo que me pareció interesante es la declaración de Bali [en Indonesia] contra el contrabando ilegal de mercurio. Eso es positivo porque demuestra que más allá del convenio de Minamata hay muchos países que identifican una urgencia por abordar esta problemática del contrabando ilegal de mercurio. Bolivia tiene un rol central en el continente americano en este aspecto.
—¿Qué tan preocupante es el contrabando de mercurio en Latinoamérica?
—Es un tema sobre el cual no se tiene suficiente información. Como le comenté se han realizado dos estudios: uno de ellos fue el nuestro respecto al rol de Bolivia y estos indicios con el Perú y el segundo estudio sobre cómo buena parte del mercurio que se utiliza en Colombia y en Venezuela provienen de las Guyanas. En la Comunidad Andina de Naciones se aprobó hace un par de años un observatorio y una decisión específica sobre el control del comercio ilegal de mercurio, sin embargo, otra vez los tiempos son muy lentos. Hasta donde tenemos conocimiento no se ha avanzado en la implementación de este observatorio ni en la implementación de esta decisión. Se realizan muchas acciones en el papel pero, en la práctica, estas decisiones no llegan a concretarse.
Imagen principal: Dragas de minería en el río Kaká en el Parque Nacional Madidi. Foto: Gustavo Jiménez / El Deber.
Fuente: Mongabay Latam
