Por Luis Alberto Guevara
(Este reportaje es una alianza periodística entre la Red Ambiental de Información – RAI y Correo del Sur)
A más de 3.3000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), extensas colinas se extienden por la región sur del municipio de San Lucas, en el departamento de Chuquisaca, donde la vegetación es escasa, pero la tierra en sus entrañas guarda grandes vetas de zinc, plomo y algo de plata.
Tradicionalmente es una zona fría, pero los efectos del cambio climático están provocando que las temperaturas sean cada vez más altas. En esa zona, en la década de 1990, no había árboles frutales, pero hoy en las riberas de ríos y en las orillas de las quebradas se han expandido las plantaciones de durazno.
Los vecinos de estas extensas zonas, que antes solo se dedicaban a los cultivos tradicionales de papa, maíz y trigo, dieron el salto a la producción de durazno y, en medio de esta jugosa fruta, dieron un giro de 180 grados para convertirse en mineros.
Ellos se definen como “agromineros”. “En tiempo de la lluvia sembramos, en tiempo de la cosecha también nosotros le damos al trabajo en los terrenos, pero cuando pasa todo, trabajamos en la mina también”, explica Eusebio Acuña, socio de la Cooperativa San Pedro de Pucacancha y afiliado de la comunidad Pucacancha.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) Chuquisaca, socio de la Cooperativa Churisaya 9 de Abril y vecino de la comunidad de Churisaya, Isidro Cruz, ratifica que “también nosotros vivimos de la agricultura, nosotros somos mineros originales, no como de Potosí y otros departamentos. Nosotros somos agromineros”.
Estas extensas colinas son las cabeceras de ríos y quebradas afluentes del río internacional Pilcomayo (Bolivia, Paraguay y Argentina), que es recolector de la actividad minera proveniente de los departamentos de Potosí y Chuquisaca.
San Lucas, el municipio de la “agrominería”
La mirada se centra en el municipio de San Lucas, donde la minería experimentó un boom en la última década y se ha convertido en un ejemplo para el resto de Chuquisaca. Cada vez hay más cooperativas mineras conformadas por campesinos agricultores que, al adentrarse en la mina, pasan a convertirse en “agromineros”.
Los datos de la Dirección Departamental de Minería de la Gobernación de Chuquisaca indican que, en 2016, las regalías mineras eran de Bs 5.436.732, pero en 2017 dieron un salto espectacular al haber experimentado un crecimiento del cien por ciento. Ese año, las regalías fueron de Bs 10.436.659. El año pasado (2023), las regalías para Chuquisaca fueron de Bs 19.587.363. A julio de este año, las regalías alcanzaron Bs 16.292.038, una clara muestra de que la actividad minera está en constante ascenso.
Chuquisaca en el centro de la atención minera
“Chuquisaca es el lugar donde todo el mundo está mirando porque Oruro y Potosí tienen todos sus yacimientos comprometidos . Chuquisaca, digamos, recién está empezando, seguramente van a haber proyectos más grandes en el futuro”, manifiesta Elías Ucumari, director departamental de Minería de la Gobernación de Chuquisaca.
Este criterio es compartido por Cruz quien asegura que la minería “todavía va a crecer más. Totalmente, está en crecimiento y más que todo en San Lucas. A nivel departamental está en total crecimiento, se están formando más cooperativas, hay más vetas que están apareciendo en todos los municipios”.
De hecho, la actual explotación y las proyecciones de crecimiento están causando preocupación en los productores agropecuarios de las comunidades que no son mineras, ubicadas por debajo de los 3.000 m.s.n.m.
La minería también extiende sus garras en otros municipios
La Dirección Departamental de Minería estima que más de 4.000 personas están involucradas de manera directa en la explotación minera. Mientras que, la Fedecomin dice que en San Lucas hay 18 cooperativas legalmente constituidas y que unas 14 están en proceso de trámite de sus personerías jurídicas.
Pero, la conformación de cooperativas mineras también se extiende a los municipios de Villa Charcas, Villa Abecia, Las Carreras, Culpina, Zudáñez, Tarabuco y Poroma con una característica común: los socios son agricultores que al enterarse que el mineral está en la jurisdicción de su comunidad reclaman que sea explotado por ellos.
Los efectos de la minería generan preocupación en las comunidades
René Paiva, miembro de la comunidad de Quirpini en el Distrito Chinimayu de San Lucas, zona productora de durazno, dice que la contaminación les “preocupa” y que por eso deben reclamar siempre porque después “va a afectar a nuestros hijos”.
Para fundamentar sus temores, detalla que “a veces a la orilla del río siempre queda como salitre; eso es lo que afecta” y que ahora “las plantas de durazno empiezan a envejecer más rápido”.
“Las plantas de duraznos anteriormente vivían 40 o 50 años, pero ahora no tienen esa vida” y atribuye esto a que cerca de las bocaminas “clarito viene pues, como un salitre está blanqueando”.
Esta preocupación también se extiende al municipio de Villa Abecia, en la región de los Cintis, donde los productores agrícolas en marzo se enteraron de que hay una empresa interesada en explotar oro y reaccionaron con una marcha de protesta para oponerse a su instalación.
Daniel Aramayo, representante de los productores agrícolas, explica que el agua de esa zona “es una pequeña fuente que nos permite cultivar, nos permite criar animales y también vivir” y que, si se instala la explotación de oro, “pensamos que de alguna manera eso va a contaminar nuestra agua”. Hasta ahora, la movilización surtió efecto.
¿Cómo se genera la contaminación?
En San Lucas se explota zinc, plomo y un poco de plata y la extracción se hace perforando bocaminas para ingresar a las entrañas de la tierra de manera vertical hacia abajo. Los mineros trabajan con ayuda de explosivos cuya potencia despedaza los filones del mineral hasta casi convertirlos en polvo.
De acuerdo a la observación de campo, en medio de este trabajo suelen encontrarse con aguas subterráneas que deben ser expulsadas para evitar inundaciones en los socavones. Es aquí cuando el agua, el explosivo y el mineral se mezclan y salen juntos a la superficie.
La norma dice que estas aguas deben almacenarse en diques. Unos cumplen con esta medida de mitigación, pero otros no, porque las vierten directamente en las quebradas.
Una vez que el mineral se almacena en la superficie y se selecciona lo valioso para transportarlo a los ingenios mineros de Potosí, los residuos se dejan en colas de desmonte. La norma indica que estos tendrían que acopiarse en lugares con zanjas de coronación, pero están desprotegidos y cuando llueve hay arrastres de residuos contaminantes.
Estas observaciones son corroboradas por declaraciones de Cruz, Paiva y Ucumari, y de los agromineros Acuña y Martín Villalpando de la Cooperativa Chicha Mayu del municipio de Camargo.
El 40 por ciento de la minería no cumple las normas de mitigación
El secretario departamental de Medio Ambiente de la Gobernación de Chuquisaca, Jairo Gutiérrez, afirma que al menos el 40% de la actividad minera en San Lucas no cumple con las normas de mitigación. “Es un número alto”, resalta.
Un ‘vuelo’ de la zona mediante Google Earth ayuda a confirmar esta situación, aunque al observar detalladamente, se puede concluir que el porcentaje de incumplimiento es mayor, pues hay varias manchas plomizas que están en terrenos inclinados, a cuyo alrededor no tienen ningún tipo de infraestructura de mitigación.
Por lo general, en cada bocamina hay manchas plomizas, que se localizan al sur de Palacio Tambo, Malliri y Cinteño Tambo.
La contaminación se reconoce, pero no se trata
El presidente de Fedecomin Chuquisaca, reconoce que hay cierto grado de incumplimiento: “La gente directamente quiere ganarse la platita, están ganando y no quieren invertir en el cuidado del medio ambiente. No quieren hacer algunos diques de cola, zanjas de coronación. Hay muchas cosas que tenemos que hacer”.
Sin embargo, hay otros campamentos mineros como de las cooperativas Tuntoco y San Lucas Dolores o de la empresa Maromey que tienen sus diques para el tratamiento del agua, que después es vertida a su cauce natural. Pero, en estos campos también se observa manchas plomizas extensas a la intemperie sin ningún tipo de resguardo para asegurar que el mineral no se disperse.
El director Departamental de Minería asegura que hay “dejadez” y que, para superar estos incumplimientos, junto a la Secretaría Departamental de Medio Ambiente, organizan talleres de orientación sobre las exigencias del manejo minero para evitar la contaminación, incluso a pedido de las mismas cooperativas y empresas.
Los contaminantes que van del agua a los cultivos
Ucumari explica que una de las maneras de generar contaminación en las tierras de cultivo es a través del riego, pues en zonas mineras el nivel del PH del agua puede bajar hasta convertirse en ácida (menor a un pH 4.0). Otros elementos contaminantes son el plomo y el zinc.
La Dirección de Minería hace dos monitoreos del agua al año: uno en tiempo de lluvia y el otro en época de estiaje. “El tema del pH está normal, 6.8 a 7. En los niveles de metales pesados también no hemos tenido relevancia”, afirma Ucumari.
Sin embargo, reconoce que como resultado de las mediciones, por el lado de Entre Ríos, donde explotan más zinc, hay un poco de contaminación, “pero están en sus niveles (permisibles), digamos, porque el agua seguramente está arrastrando. Entonces, eso es una alarma”.
La ruta hacia el Pilcomayo
Esta cuenca se origina en los altos de Ocurí y Palacio Tambo del municipio de San Lucas y tiene como hilo conductor un río que cambia de nombre conforme atraviesa las comunidades de Cinteño Tambo, Malliri, Chillagua, Chinimayu, Andamarca, Habas Chacra, Esmeralda y Quiripi en San Lucas.
Continúa por Cueva Pampa y Saca Pampa en el municipio de Camargo y llega a la población de Camargo, a donde ingresa como Río Chico para después confluir con el río Tumusla en La Palca y de allí seguir como Río Grande hasta encontrarse con el río San Juan del Oro.
Luego sigue con el nombre de río Camblaya hasta toparse con el Pilaya y con ese nombre continúa hasta mezclar sus aguas con las del río Pilcomayo, que se dirige hacia Paraguay y Argentina.
Un río sin punto de control
Si bien la Gobernación de Chuquisaca realiza monitoreos esporádicos de la calidad del agua, la Comisión Trinacional de Cuenca del Pilcomayo no tiene puntos de control en esta cuenca que ya es recolectora de residuos mineros y que tiende a crecer en lo inmediato.
El presidente de la Asociación de Defensa del Medio Ambiente de Camargo, Fernando Barrios, informa que en el río Chico, recolector de las aguas de la actividad minera de San Lucas, no tiene ningún punto de control de calidad de agua y ha solicitado a la Comisión Trinacional de la Cuenca del Pilcomayo que instale uno, como ya existe en los ríos San Juan del Oro y Tumusla.
Poco control y poco presupuesto
Las posibilidades de control a la contaminación minera desde la Gobernación de Chuquisaca están limitadas por la falta de recursos económicos y personal, así lo reconoce el secretario departamental de Medio Ambiente, quien dice que tiene ocho técnicos para todo el departamento y que “es una reducida cantidad de personal”.
Aun así, asegura que “hemos procedido a suspender muchas actividades, alrededor de cinco actividades y hemos iniciado procesos a muchas”.
Sin embargo, Paiva tiene otra percepción y afirma que “hay un descuido total de las autoridades, eso es, yo lo noto”, pero al mismo tiempo reclama por las tareas de los dirigentes campesinos que deben “exigir y acompañar las inspecciones en las minas”.
“Estamos sancionando nomás dicen, pero por lo que veo en mis cooperativas, ninguna está siendo sancionada, pero dicen a otras cooperativas estamos sancionando, multando, estamos haciendo paralizar, pero se hacen que decir”, sostiene el presidente de la Fedecomin Chuquisaca.
Y añade: “Hablando en serio, medio relajado siempre están trabajando, no están haciendo cumplir como lo que manda la ley”.
Gutiérrez informa que el presupuesto que se tiene para las actividades de seguimiento y control es de más de 300.000 Bs., “completamente poco”. Con este dinero se debe pagar personal, viajes y laboratorios entre otros gastos.
Este monto representa el 1,5% del total de las regalías mineras que ingresaron (Bs 19.587.363) en 2023 a la Gobernación de Chuquisaca. Casi el total de estos ingresos se destinan a obras de infraestructura que nada tienen que ver con la actividad minera.
“Eso es grave”, afirma Cruz, porque parte de ese dinero debería utilizarse para apoyar a la minería y al control del medio ambiente.
¿Qué solución proponen para que no haya contaminación?
Para arrancar una actividad minera se requiere de una importante inversión que no siempre tienen los agromineros y por eso terminan incumpliendo las normas de mitigación ambiental, explica Cruz y lo reconoce Paiva.
El presidente de Fedecomin explica que las cooperativas al no tener “entradas” desde un comienzo, lo que necesitan de la Gobernación es apoyo en la construcción de pequeños diques y depósitos para colas de desmonte.
“Hemos dicho que por lo menos nos apoye con eso la Gobernación, con esas regalías que están entrando, mucha plata, que apoye, pero tampoco eso quiere empezar”, afirma Cruz.
“No estamos en contra”
“Nosotros no estamos en contra de los mineros, pueden trabajar”, dice Paiva al recalcar que el problema se genera cuando los agromineros “no cumplen la norma ambiental”.
Aun así, cree que hay una buena relación, pues cuando se realizaron algunas inspecciones conjuntas a las bocaminas entre agricultores y agromineros promovidas por la Gobernación o la Alcaldía, ambas partes hablaron, se dieron tareas, pero al final no hubo seguimiento a los compromisos
Al respecto, el presidente de Fedecomin señala que, como agromineros, no están en contra de los agricultores y más bien hay que ver “cómo nos podemos apoyar”. Sin embargo, afirma que es preciso hablar con información clara; es decir, que si los agricultores creen que se está contaminando deben demostrar cómo se está contaminando. “¿Cuánto por ciento hay de contaminación? He comparado con anteriores años y, ahora también ¿en qué estado estamos?”, cuestionó.
Una advertencia sobre las inspecciones: deben avisar primero
Pero más allá de estas buenas intenciones, hay un reconocimiento de la Fedecomin en el sentido de que las inspecciones no pueden ser sorpresivas y que para que cualquier funcionario estatal ingrese en el seno de las cooperativas, debe avisar primero.
En agosto pasado, una comisión de la Gobernación ingresó a hacer una inspección, pero fue amedrentada con la explosión de un cachorro de dinamita, según el director departamental de Minería y algo que fue reconocido por Cruz. “Piensan que es de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera) u otras instituciones que están viniendo a vigilar o algo”, complementa.
Imagen principal: Mineral extraído de una mina en San Lucas, una vez agrupado, se transporta en su mayoría a los ingenios de Potosí, y, una mínima parte a Oruro. Foto: Luis Alberto Guevara
