Los países reunidos en la COP27 acordaron crear un fondo específico para financiar pérdidas y daños, cuya estructura es el primer pendiente que tiene la COP28, conferencia a realizarse en 2023. América Latina y el Caribe fue clave en el impulso a este tema desde los bloques de negociación en los que participa. La conferencia también permitió visibilizar otras cuestiones que competen a la región.
Por Fermín Koop / @ferminkoop
Nada está acordado hasta que todo está acordado. La frase de cabecera de los negociadores del cambio climático resonó hasta el último minuto en los pasillos de la conferencia sobre el clima de Naciones Unidas, COP27, en Egipto. El tan esperando acuerdo finalmente apareció después de dos semanas, pero con señales un tanto agridulces.
Los impactos de la crisis climática son cada vez más pronunciados, desde olas de calor a inundaciones. Y si bien las poblaciones pueden adaptarse a algunos de estos cambios, la adaptación no siempre es posible. Se pierden vidas, la tierra se vuelve infértil y el hábitat cambia. Estos costos sociales y ambientales se conocen como pérdidas y daños.
Por primera vez en las negociaciones, la COP27 incluyó la posibilidad de crear un fondo para pérdidas y daños en su agenda. Sin embargo, su discusión no fue sencilla. Los países desarrollados se mostraron reticentes ya que, en su opinión, podría exponerlos a una responsabilidad legal por los desastres climáticos.
No obstante, y tras dos intensas semanas de negociación, el texto de la conferencia crea un fondo específico para pérdidas y daños, abierto a todos los países en vías de desarrollo.
La Unión Europea dijo que apoyaría el fondo si las economías emergentes con grandes emisiones, como China, también pagaran por él, en lugar de limitarse a los grandes emisores históricos como la Unión Europea y los Estados Unidos. China, sin embargo, es un país en vías de desarrollo, según la convención climática, y rechazó la posibilidad de aportar al fondo.
“Tuvimos 30 años de paciencia. Ha llegado el día. Ya está hecho. Un nuevo fondo para responder a las pérdidas y daños en los países en desarrollo. Es un momento único, una victoria para todos los ciudadanos del mundo,” escribió Alpha Kaloga, el principal negociador del grupo de países africanos en la COP27, en Twitter.
Detrás de este logro, mucho tiene que ver el frente unido que presentaron los países del Sur Global, con el G77, los Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas en inglés) y la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) a la cabeza.
El acuerdo logrado no es perfecto, pero sí responde a las demandas de los países en desarrollo. Como primer paso, se decidió la creación de un Comité de Transición (compuesto por representantes tanto del Norte como de las diversas regiones del Sur) que deberá reunirse, por primera vez, antes del 31 de marzo del 2023 y llegar a la COP28 (a realizarse del 30 de noviembre al 12 de diciembre, en Emiratos Árabes Unidos) con una hoja de ruta para operativizar el fondo.
Entre las cuestiones que serán importantes se encuentra la reevaluación de quienes aportan y quienes reciben dinero. También está pendiente el debate sobre la definición misma de desarrollo y la reforma de los sistemas financieros.
Ahora bien, el texto final de la conferencia no incluye un lenguaje más ambicioso con respecto a los combustibles fósiles con respecto a su antecesora realizada en Glasgow en 2021. Se hace referencia a abandonar el uso del carbón, pero no el petróleo y el gas natural. A la par, se incluyen varias menciones a la necesidad de incrementar las energías renovables.
Al mismo tiempo, el texto incluye menciones específicas a la necesidad de evitar que la temperatura suba más de 1,5°C, una de las metas incluidas en el Acuerdo de París del 2015. Algunos países en la conferencia se habían resistido a incluir esa meta; eso a pesar de que la temperatura global ya se incrementó 1,1°C.
La transición energética justa de América Latina
El texto de la COP27 hace un llamado a que las transiciones energéticas de los países sean justas, con la participación de todos los sectores de la sociedad. Se deben establecer protecciones sociales para aquellos afectados por la transición, se lee en el texto, en el que los países acuerdan un programa de trabajo para la transición justa.
“Necesitamos diálogo social en todos los niveles junto con planes de transición transparentes”, sostiene Sharon Burrow, secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical Internacional. “Nuestras demandas son empleos seguros y de calidad. Y que si los trabajadores son desplazados por la transición reciban el apoyo necesario”.
La COP27 fue una oportunidad para América Latina en relación a discutir su propia transición energética al margen de la conferencia. Ministros de Energía y Ambiente, representantes de empresas energéticas y miembros de Sociedad Civil coincidieron en la necesidad de la transición, pero dejaron en claro que no será sencillo.
Chile ya cerró siete de sus plantas a carbón, mientras que otras 12 tienen fecha de cierre, sostuvo Diego Pardow, el ministro chileno de Energía. El gobierno está comprometido con la descarbonización, pero es consciente de la inestabilidad en la red eléctrica que genera el cierre de las plantas, agregó Pardow, quien sugirió reconvertirlas.
“Tenemos que generar nuevas fuentes de energía que las reemplacen. Sino terminamos usando diesel, que también genera emisiones y es más caro. Las primeras plantas que cerramos eran de respaldo, pero las próximas están 100% operativas”, sostuvo el ministro.
Más del 30% de la energía de Chile es de fuentes renovables no convencionales.
Chile se sumó al acuerdo Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA o Alianza para ir Más Allá del Petróleo y el Gas Natural), para eliminar gradualmente la producción de petróleo y gas y dejar de otorgar permisos para nuevas exploraciones. Costa Rica ya era miembro, pero su participación tiene ahora un papel más secundario, de acuerdo a sus negociadores.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha afirmado que no deben desarrollarse nuevos yacimientos de petróleo y gas si el mundo quiere limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y evitar sus peores consecuencias. Sin embargo, la disrupción en el sector energético por la guerra en Ucrania ha reimpulsado a los combustibles fósiles.
“El futuro del carbón, a pesar del repunte que tuvo por la guerra, va a tender a bajar. Nos toca hacer una transición ordenada. Hay que hacer la transición de regiones enteras que dependen del carbón y tenemos la voluntad política de hacer el esfuerzo”, sostuvo Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia.
Junto con Chile, Colombia es uno de los países que más ha avanzado en América Latina en el desarrollo del hidrógeno verde, un combustible generado a partir de energías limpias que tendrá un papel importante en la transición. El potencial de la región en el desarrollo del combustible fue resaltado en la COP27 en diferentes eventos paralelos.
Para Javiera Lecourt de la organización CEUS de Chile, América Latina debe tener reparos en cómo desarrolla el hidrógeno verde para evitar errores del pasado. “Es el momento preciso para ver cómo encaramos la transición energética. No queremos nuevas zonas de sacrificio o estrés ambiental por no analizar los impactos de nuevas tecnologías”, sostuvo.
La crisis de deuda y el cambio climático
Si bien América Latina trajo una agenda dividida a la COP27, hubo un tema en el que todos los países parecieron estar de acuerdo. La región se encuentra atravesada por una crisis de deuda soberana, especialmente a partir de la pandemia, que le impide ser más ambiciosa en la acción climática en el marco de un limitado financiamiento climático.
El texto de la conferencia hace referencia a los “creciente niveles de endeudamiento” de los países en vías de desarrollo y pide a las instituciones financieras internacionales y bancos multilaterales de desarrollo “reformar sus prácticas y prioridades, definir una nueva visión y modelo operativo y desarrollar nuevos instrumentos que no aumenten las deudas”.
Durante su visita a la COP27, el presidente de Colombia Gustavo Petro presentó un decálogo para la acción climática en el que pidió, entre otras cosas, por la reforma de las instituciones financieras, además de un canje de deuda por acción climática. Se sumaron también al reclamo países como Paraguay, Argentina, Barbados y Belice, entre otros.
Los canjes de deuda por clima suelen ser una transacción voluntaria en la que un acreedor cancela o reduce el importe de la deuda de un gobierno de un país en desarrollo, a cambio de que el deudor se comprometa financieramente con programas para reducir sus emisiones. Hay ejemplos recientes en países del Caribe, pero por pequeños montos.
El desafío está en escalar dichos mecanismos e involucrar a los principales acreedores de América Latina, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y China. Especialistas del FMI se mostraron a favor de los canjes de deuda en la COP27 y sugieren implementarlos, pero la propuesta todavía debe ser aprobada por la junta de directores.
“Hay un círculo vicioso entre deuda y cambio climático”, dijo Kristina Kostial, una de las vicedirectoras del FMI. “Las grandes deudas restringen el espacio fiscal de los países, que entonces tienen grandes dificultades para invertir en la construcción de resiliencia y en la reparación de desastres naturales”.
El “Lulapalooza” en la COP27
Luego de su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva llegó a la COP27 y le dio un giro a la presencia de su país en la cumbre.
Brasil está de vuelta, anunció Lula, que recibió una calurosa bienvenida de parte de la Sociedad Civil y de otros gobiernos, como si ya estuviera en el cargo.
Lula fue invitado por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y eclipsó rotundamente a la delegación oficial de su país. Se reunió con Xie Zhenhua y John Kerry, los enviados para el clima de China y Estados Unidos respectivamente. Este último declaró a la BBC que esperaba que el presidente electo diera “un giro” a la política climática de Brasil.
“Brasil está saliendo del aislamiento al que ha estado sometido en los últimos cuatro años. Brasil no nació para ser un país aislado”, dijo Lula en uno de los eventos en los que participó. El presidente electo se ofreció a realizar una futura cumbre del clima en la Amazonía, siendo 2025 la posible fecha pero todavía no confirmada.
Si bien los países suelen tener un solo pabellón en las COP, las divisiones en Brasil -por la gestión ambiental de Bolsonaro- llevaron a que se tuvieran tres pabellones separados: uno del gobierno nacional, otro de los gobernadores de los estados amazónicos, en oposición a Bolsonaro, y otro organizado por la Sociedad Civil.
La visión presentada por Lula en la COP fue muy diferente de la presentada por los representantes de Bolsonaro, que centraron sus discursos en las energías renovables. Lula, por su parte, criticó con dureza las políticas del actual gobierno sobre el Amazonas, como la reducción de inspecciones ambientales y el consiguiente aumento de la deforestación.
Un eje central para Lula fue asegurar el financiamiento internacional para la conservación del Amazonas, hoy paralizado bajo el gobierno de Bolsonaro. En un evento con gobernadoras de los estados amazónicos, representantes de Alemania y Noruega hablaron de su intención de liberar recursos financieros a principios de 2023.
Los próximos pasos
Si bien la COP27 oficialmente terminó, los países de América Latina enfrentan un desafiante camino por delante. La región contribuye solamente al 8% de las emisiones globales de efecto invernadero pero, al mismo tiempo, es una de las más afectadas por los efectos de la crisis climática, algo que se espera que se profundice en los próximos años.
Los países latinoamericanos cuentan con planes de reducción de emisiones y adaptación que deberán ser desarrollados e implementados de cara al 2030. Pero, para lograrlo, harán falta entre 154 mil millones y 198 mil millones de dólares, de acuerdo a un informe preliminar de CEPAL, mucho más que los 22 mil millones actualmente disponibles.
La próxima conferencia de cambio climático se desarrollará a finales de 2023, en los Emiratos Árabes, que contó con la delegación más grande en la COP27. Los delegados del país defendieron el uso continuado de los combustibles fósiles, sugiriendo la captura y almacenamiento de emisiones para el sector, una tecnología poco desarrollada.
“El petróleo y el gas tienen un papel fundamental en esta transición. Ya que es parte del problema, debe ser parte de la solución”, dijo el ministro de petróleo de los Emiratos Árabes, Tarek El Molla, en la COP27. La presencia de lobbistas del sector aumentó un 25% con respecto a la cumbre anterior, alcanzando un total de 636 personas.
Para María Laura Rojas, directora de la organización Transforma, el hecho de que la próxima COP sea organizada en un país que plantea seguir usando combustibles fósiles es una señal de alarma. “El proceso de las COP sigue siendo importante y necesario. Tenemos que estar alertas e involucrarnos, especialmente al contar con países anfitriones no alineados con la ambición que se requiere”, sostuvo.
Imagen principal: Acciones de la Sociedad Civil. Crédito: Kiara Worth / UNFCCC
Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que la Red Ambiental de Información (RAI) forma parte. Licencia Creative Commons con mención del autor/es.
