Por Andrea Segovia
El pasado 16 de agosto, ENDE suscribió un convenio con la Central de Pueblo Indígenas de La Paz (CPILAP), con el objetivo de autorizar a la empresa eléctrica el llevar adelante las operaciones y actividades en la etapa de los Estudios a Diseño Final del proyecto Hidroeléctrico El Bala y Chepete.
El convenio, que fue aprobado el pasado 16 de agosto resalta lo siguiente: “Coordinación y cooperación en el desarrollo de todas las actividades en la etapa de los Estudios a Diseño Final del Proyecto Hidroeléctrico El Bala y otros estudios del sector eléctrico, así como también la socialización e información por parte de Ende, sus empresas contratadas, subcontratadas y filiales y subsidiarias …” .
En este acuerdo, la organización indígena CPILAP se compromete a: “permitir el ingreso de Ende Cooperación y sus empresas contratadas a las áreas de influencia directa e indirecta para realizar trabajos de investigación, información, socialización y levantamiento de datos que permita realizar estudios, formular proyectos, a diseño final para implementar proyectos de generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica”.
La Mancomunidad de Comunidades Indígenas rechaza el acuerdo
En respuesta a ello, el 23 de agosto, la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi & Quiquibey, por medio de su vocero, Alex Villca, hizo un llamado a la población boliviana y organismos internacionales de derechos humanos, sobre la “puesta en marcha y construcción” de las mega represas Chepete y el Bala en Bolivia.
El pronunciamiento de la Mancomunidad, le recuerda al Estado Plurinacional de Bolivia, que debe respetar la autodeterminación de sus pueblos, que ya fue expresada en noviembre de 2016. Cuando hicieron conocer su rechazo contundente a los megaproyectos hidroeléctricos Chepete y El Bala, mediante la instalación de una masiva vigilia que duró 12 días y logró la expulsión de las empresa GEODATA y SERVICONS. Ambas empresas, habían iniciado trabajos y estudios en sus territorios sin cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada y de buena fe, para el consentimiento de sus pueblos.
Asimismo, denunciaron ante el Pueblo Boliviano y Organismos Internacionales que el Estado Boliviano está modificando los procedimientos para la consulta, tomando en cuenta solo a grupos afines a su gobierno para la obtención de la firma del convenio de “puesta en marcha” de dichos proyectos. Donde firman solo siete personas a título individual, y los habitantes de los pueblos a ser directamente afectados no fueron consultados. Aclarando que, en el encuentro de instituciones del gobierno con Pueblos Indígenas del Departamento de La Paz, realizada el pasado 9 y 10 de Julio del año en curso, en Tumupasa, la firma de dicho acuerdo fue rechazada, y recalcan que el mismo no se puede tomar como consulta.
Finalmente sostienen que el Estudio de Identificación no fue difundido por el gobierno, tampoco el Estudio a Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) que debió ser entregado en octubre de 2017, menos aún, estudios comparativos con otros proyectos de energía alternativa, y costos de oportunidad.
Hasta ahora, el proyecto le ha costado al país alrededor de 15 millones de dólares, sin dejar ningún beneficio visible para la región. “Los Pueblos Indígenas queremos vivir en paz y libertad, en nuestros territorios”, enfatizó el comunicado de la Mancomunidad.
Imagen principal: Vigilia de los Pueblos de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, en el estrecho de El Bala, noviembre de 2016. Créditos: Theresa Edwards
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