Mafias de traficantes de tierras en la Chiquitania reclutan a familias del occidente del país y acceden a la titulación de parcelas por medio de la falsificación de documentos. Luego, negocian la tierra ilegalmente, reclutan a nuevas familias y recurren a amenazas e intimidaciones a las comunidades locales para que no denuncien estos hechos.
Por Eduardo Franco Berton
Era el 12 de febrero de 2021, y los conservacionistas bolivianos celebraban con gozo la creación del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, la nueva reserva de 983.006 hectáreas del municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, que fue creada con el fin de proteger el bosque Chiquitano y el de la Amazonía.
La noticia cruzó fronteras, y fue también celebrada por el actor hollywoodense y activista ambiental, Leonardo Di Caprio, quien escribió así en su cuenta de Instagram: “Esta es una noticia alentadora para la riqueza de vida silvestre que sustentan estas áreas, y también para los grupos indígenas Chiquitano y Guarasug’we que viven dentro de las áreas y dependen de los bosques para su sustento.’’
Pero tres días después, la felicidad de aquellos festejos sería opacada por una serie de denuncias de asentamientos humanos ilegales dentro de esta nueva área.
Y el espeso follaje de bosques acostumbrados únicamente a las voces de miles de insectos y aves, se vio interrumpido súbitamente por el ruido de tractores en funcionamiento, que empezaron a derribar uno a uno esos verdes árboles sin piedad.
Mientras los vestigios de esos millares de troncos calcinados se iban consumiendo por la misma tierra que alguna vez albergó un bosque, a varios kilómetros de allí, un hombre se animó a darnos a conocer cómo estaban operando las mafias de traficantes de tierras que fueron señaladas como los responsables de esta masacre.
Chiquitania, una mercancía codiciada por traficantes de tierra
Tras varios días de espera, Miguel Ángel*, quien vive en las proximidades del Bajo Paraguá, accedió a conversar con nosotros, con la condición de resguardar su verdadera identidad. La peligrosidad de sus enemigos lo hacían temer por su vida y la de su familia.
El día era cálido y hacía un poco de viento. Y Miguel Ángel se acomodó bajo la sombra de un árbol de mango alrededor de la laguna que se forma en la represa de San Ignacio de Velasco. Desenfocamos la cámara, y comenzó con su testimonio: ‘’Realizan falsificación de documentos…y sin ningún miedo empiezan a expulsar a la gente. Y reclutan a otras familias para que reemplacen esos lugares.’’
Nuestro entrevistado, quien fue acusado de tráfico de tierras por los mismos traficantes que una vez lo habían estafado, y luego fue hallado inocente por la justicia boliviana, nos reveló cómo operan estas mafias. Todo inicia cuando un grupo de campesinos, denominados como ‘’interculturales’’, le solicitan al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la dotación de tierras. Para ello, se organizan y generan una nómina de 20 a 30 personas. Y en un libro de actas incluyen los nombres de los solicitantes. Dentro de este grupo, se infiltran los traficantes de tierras, camuflados entre los dirigentes. Y proceden a falsificar documentos de identidad, para incluir también nombres falsos en esta nómina.
‘’Si han solicitado unos 20, no falta que unos dos o tres actúen con mala fe, realizando falsificación de documentos y todo aquello.’’ Y estos traficantes cobran a las personas de la nómina un valor de entre 20.000 a 30.000 bolivianos (2.873 a 4.310 dólares), para ofrecerles acceso y titulación de hasta 50 hectáreas de tierra.
Ángel indica que los cobros se basan en criterios como la distancia en que se encuentre la tierra de algún camino, las mejoras que puedan existir (como la cantidad de horas y maquinaria invertidos en la limpieza del terreno), e infraestructura existente.
Ángel dijo que él y su padre fueron engañados por estos traficantes, quienes les cobraron 30.000 bolivianos (aproximadamente 4.353 dólares) para acceder a una porción de tierra en San Ignacio de Velasco. ”Después nos dimos cuenta de que esta gente (los traficantes) no tenía cultivos en la zona, y su principal interés era vender la tierra”, nos dijo.
De acuerdo con Ángel, los traficantes suelen vender las tierras a personas de otros departamentos, sobre todo de la región andina de Bolivia, como Cochabamba, Potosí y Oruro, e incluso a residentes de otros países. Dijo que antes de establecer una presencia física permanente en la zona, los traficantes llevan a cabo la roza y quema del bosque y colocan carteles que buscan demostrar que el lugar está ocupado por comunidades.
E incluso también, este negocio ilícito se financia desde el extranjero. Ya que Miguel Ángel habló sobre la existencia de un grupo de personas que se encuentra en Chile, y que ya han pagado al dirigente de una comunidad para acceder a tierras de esta manera.
Cuando los comunarios ya sientan presencia en la tierra, los traficantes comienzan a ejercer una serie de presiones y amenazas sobre ellos. Esto lo hacen imponiendo normas para la producción de la tierra y distribución de ganancias. Algo que forma parte de una estrategia de desgaste, y cuyo fin es lograr el incumplimiento de dichas normas y su posterior expulsión de la comunidad.
‘’Sin ningún miedo empiezan a expulsar a la cantidad de gente…uno, dos, cinco o 10 personas, y luego ellos internamente reclutan a otras familias para que remplacen ese lugar. Entonces realizan otro cobro, ya por segunda vez.’’ Ángel explica que, pasado algunos años, los traficantes venden la tierra a empresarios o extranjeros, y empiezan a buscar tierras fiscales en otro sitio, para iniciar de nuevo con el mismo modus operandi.
Además de la expulsión de la comunidad, Ángel indicó que los traficantes de tierras también realizan amenazas de muerte a los comunarios.
‘’Después comienzan a esquivar la ley y quedan impunes, porque la verdad es difícil que alguien se anime de frente a denunciarlos, ya que por seguridad nadie lo hace. De esa forma están manejando varias hectáreas en esta región (Chiquitania).’’
De acuerdo con Ángel, los traficantes además se aprovechan de las debilidades institucionales del INRA, como la falta de inspecciones de los técnicos en el terreno, al momento de llevar a cabo la dotación de la tierra.
‘’Los técnicos (del INRA) deben bajar a las comunidades a realizar las inspecciones correspondientes, sin embargo, realizan el trabajo en gabinete y lo dotan con facilidad.’’
Una amenaza que va en aumento
Un estudio publicado el 2016 en la revista científica Tropical Conservation Science, por los investigadores Sam y Noga Shanee de la Asociación Neotropical Primate Conservation, define el tráfico de tierras como ‘’la usurpación, la apropiación ilegal y el comercio de tierras’’, y hace referencia a la existencia de dos modalidades de tráfico. La primera se da cuando grupos de campesinos llegan a una zona y comienzan a preparar la tierra (roza y quema) para su asentamiento y posterior venta. A continuación, el grupo solicita los servicios básicos a las autoridades locales (caminos, agua, escuelas, postas sanitarias, etc.).
La segunda modalidad es la que está organizada por ‘’traficantes profesionales’’, quienes no tienen ninguna intención de asentarse o trabajar la tierra. Los investigadores explicaron que estos grupos buscan legitimarse operando en combinación con funcionarios corruptos.
‘’Los traficantes venden las tierras a grupos quienes más adelante trabajan la tierra, algunos para su venta rápida y otros para quedárselas’’, publicaron los Shanee en su investigación.
Aunque el estudio de los Shanee fue realizado en el noreste del Perú, múltiples fuentes locales que viven en el municipio de San Ignacio de Velasco, incluido Ángel, nos indicaron que ambas modalidades están también ocurriendo en el Bajo Paraguá y otras zonas de la Chiquitania.
En su investigación, Noga y Sam Shanee explican que el tráfico de tierras es una actividad ilícita que está estrechamente relacionada con la migración rural-rural y de la ciudad al campo, ‘’y puede ser vista como una actividad que organiza y facilita la migración.’’
Alguien a quien le preocupa esta migración es a Rony Roca, exconcejal del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, quien nos dijo: ‘’Hemos tenido un crecimiento del 60% desde el último censo 2011 hasta hoy. Nosotros teníamos 21.000 habitantes en San Ignacio de Velasco y hoy estamos pasando más de 80.000.’’
Roca, nos explicó que antes este municipio tenía solamente 140 comunidades indígenas, y que ahora están arriba de las 350 comunidades, la mayoría conformadas por interculturales.
‘’Entonces es una preocupación grande que se nos ha ocasionado’’, dijo el exconcejal. ‘’Nos ha costado bastante atender a todas estas comunidades nuevas, vienen con resoluciones ministeriales, pero sin ninguna coordinación municipal.’’
Denuncias de corrupción
Pero el tráfico de tierras no es sólo un problema de la Chiquitania. Una publicación de la Fundación Tierra indica que el ‘’tráfico de tierras se intensificó desde el año 2011. El consorcio llamado ‘INRA paralelo’, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y ‘blanquear’ antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor.’’
Esta ONG revela que entre las gestiones 2014 – 2019, el INRA firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en el departamento de Santa Cruz. Pero, muchos de estos territorios son “comunidades fantasmas” que están en manos de traficantes de tierra.
En noviembre de 2020, esta organización denunció también que durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, se dotaron irregularmente 33.480 hectáreas en el departamento de Santa Cruz a favor del exministro de economía, Branko Marinkovic. Y el 4 de agosto de 2021, durante el gobierno de Luis Arce, el INRA anunció la reversión de 26.000 de esas hectáreas, indicando que existía evidencia de que esas tierras no se titularon de manera legal.
Un análisis de la organización InSight Crime dice que el comercio ilegal de títulos de propiedad de tierra en América Latina es posible a través de conexiones con funcionarios de gobierno, ‘’que pueden dar a los acuerdos ilícitos un barniz necesario de legitimidad.’’
‘’Este ha sido durante mucho tiempo el caso de Bolivia’’, indicó InSight Crime, haciendo referencia al arresto del exministro de Tierras Edwin Characayo, quien fue arrestado el 14 de abril de 2021, luego de recibir un soborno de 20.000 dólares para favorecer a un grupo de personas con un proceso de saneamiento, titulación y entrega de tierras. Un monto de dinero que según la policía, era parte del adelanto de una coima por 380.000 dólares.
Para InSight Crime, una institución sin fines de lucro que investiga el crimen organizado, esta situación ‘’sacó a la luz como esquemas corruptos relacionados con el tráfico de tierras han plagado a los sucesivos gobiernos, independientemente de quién esté en el poder.’’
Para la elaboración de este reportaje, intentamos obtener algún testimonio por parte del Director Departamental del INRA Santa Cruz, Adalberto Rojas, pero hasta el cierre de edición no obtuvimos una respuesta.
Chiquitano, el bosque que quiere seguir de pie
Oswaldo Maillard, quien es responsable del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), nos indicó que el patrón de deforestación que se observa en la zona del Bajo Paraguá es el de ‘’espina de pescado.’’ Un tipo de desmonte que consiste en la apertura de una brecha (o camino principal), para luego ingresar a desmontar el bosque en ambos lados.
Maillard, quien junto a sus colegas de la FCBC está a cargo del monitoreo tanto remoto como de campo, sobre el estado de conservación, restauración y amenazas del Bosque Seco Chiquitano, nos dijo: ‘’luego aparecieron unos puntos donde había unas casitas de calaminas para empezar ya a abrir (desmonte).’’
La pérdida de bosque a la que hace referencia el investigador ya lleva un aproximado de 150 hectáreas, que corresponden a ecosistema de Bosque Chiquitano en el Bajo Paraguá. ‘’Uno dirá es relativamente bajo, pero ya están los indicios para meterse.’’
Pero los desmontes del Bajo Paraguá son tan solo la punta del iceberg. Y son el síntoma de una enfermedad mucho mayor. Y es que el municipio de San Ignacio de Velasco fue uno de los territorios que mayor cantidad de bosques perdió en Bolivia en el año 2020. Ya que ese año se desmontaron allí 47.197 hectáreas, en donde cerca de la mitad se trató de desmontes ilegales, de acuerdo a datos de la FCBC y la Autoridad de Fiscalización y Control de Social de Bosques (ABT).
El 2020, Bolivia ocupó el tercer lugar a nivel mundial en deforestación. Superando por primera vez a Indonesia. Y a pesar de la pandemia, el país perdió 276.883 hectáreas de bosques primarios, de acuerdo con datos de la Universidad de Maryland (EE.UU) visualizados en la plataforma Global Forest Watch.
Herman Vaca Poñé, un ingeniero forestal que fue parte del proceso de creación del área protegida municipal Bajo Paraguá, nos dijo que esta reserva es muy importante para la conectividad ecológica con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, uno de los parques mejor conservados en la cuenca del Amazonas y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el año 2000.
Vaca Poñé también añadió: ‘’Todo lo que es Bajo Paraguá son las tierras destinadas para la producción forestal. Si usted cambia ese uso del suelo y hace agricultura, prácticamente cinco a seis años puede ser que produzca, pero luego comienza a bajar su rendimiento y el suelo se empieza a compactar.’’
En su reciente libro, ‘’A Perfect Storm in the Amazon Wilderness’’, el investigador Tim Killeen, explica que los indígenas son los defensores más férreos y eficaces de la conservación de la Amazonía porque la lucha por sus territorios es existencial. ‘’Si pierden su tierra, perderán su identidad y dejarán de existir como pueblo. Lo saben porque son los supervivientes de un holocausto.’’
Lo expresado por Killeen en su libro, lo reflejan las lágrimas que escurren por el rostro de Lorenza Poicheé, una mujer indígena chiquitana a quien le recorre la nostalgia por el cuerpo cuando habló con nosotros del desbosque en San Ignacio de Velasco, en mayo de 2021. ‘’A nosotros nos duele que a nuestros hijos ya no les podremos enseñar lo que nuestros padres nos enseñaron.’’
Otra mujer que viene defendiendo su territorio ante los traficantes de tierra es Arminda Gómez, quien pertenece a la Comunidad indígena de San José de Campamento, en las proximidades de Bajo Paraguá.
‘’Si nosotros no mantenemos nuestra cultura, nos la van a quitar, y si nosotros no hacemos un esfuerzo de mantenernos como cultura chiquitana, estamos fregados’’, expresó Gómez con preocupación. Mientras las denuncias por tráfico de tierras en el bosque seco tropical más extenso del mundo continúan en aumento.
*Por cuestiones de protección, se cambió el nombre del entrevistado.
Una versión en inglés de este reportaje fue publicada el 25 de noviembre de 2021, en Mongabay.
Esta investigación fue apoyada por la Fundación Weeden y el National Endowment for Democracy (NED)
Imagen principal: desmontes ilegales en el Área Protegida Bajo Paraguá. Esta fotografía fue cedida a la Red Ambiental de Información (RAI)
