- Expertos en sistemas de información geográfica y meteorología señalan que si bien ven un inicio de año húmedo, la sequía y posibles heladas en la época de invierno pueden desatar una nueva temporada de incendios forestales
- La preocupación es mayor este año, pues se ha removido a personal clave de las áreas protegidas de Bolivia y la urgencia de la reactivación económica podría promover las actividades agrícolas sin considerar el impacto en el medio ambiente.
Por Rocío Lloret Céspedes
(Este es un reportaje colaborativo entre Mongabay Latam, La Región y Red Ambiental de Información)
Hasta hace dos meses, Miguel Ángel Sardán era director del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) El Palmar de Chuquisaca. Antes de recibir su memorándum de despido, trabajaba en prevenir posibles incendios forestales, como los cuatro que ingresaron a la reserva en octubre pasado. Además, asegura, buscaba financiamiento para poner en marcha un plan estratégico que mejore la capacidad de reacción frente a nuevas emergencias. Personas que conocieron de cerca su gestión señalan que fue a través del turismo que logró incluso compensar la falta de recursos del Estado.
Él asegura que se acostumbró a “no pedir fondos” al gobierno, porque “es una pérdida de tiempo”. Recurrió a empresas privadas en Sucre. “Hice senderos, transformé recursos en atractivos turísticos. En 2019, antes de la pandemia, en tres meses teníamos 75 mil bolivianos (10 700 dólares), casi lo que tenía en presupuesto”, señala. De no haber sido por la pandemia, según Sardán, podría haber ayudado a las comunidades que viven en el área de influencia de la reserva.
Pero el 13 de enero, Sardán y otros directores fueron notificados de su salida. De los 22 directores del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), solo el del Parque Nacional Iñao permanece en el cargo, el de San Matías fue transferido al área protegida Kaa Iya y el jefe de protección de Toro Toro, asumió como director. El resto, son todos nuevos.
Científicos, organizaciones ambientalistas y expertos, que han criticado este cambio inesperado en las direcciones de las áreas protegidas, temen que esta decisión esté asociada a la necesidad de impulsar la economía sin tomar en cuenta el medio ambiente y la temporada de incendios.
“Este año se perfila como complicado climáticamente. Hay que estar atentos para ver los escenarios (de incendios). Con dos años de actividad productiva paralizada por la crisis política y la pandemia, ahora en 2021 todos van a querer salir a producir”, dice Carlos Pinto, gerente de proyectos de manejo de fuego de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
¿Cómo planea reactivar la economía el nuevo gobierno?¿qué plan tiene para prevenir el impacto de los incendios en los ecosistemas de Bolivia?
Lo que los incendios y heladas pueden traer
El análisis de los incendios en Bolivia indica que cada cuatro a seis años se puede vivir una emergencia como la del 2019. Sin embargo, hay variables, como el clima, que condicionan la dimensión de los incendios, como se pudo ver en el 2020.
Aunque la cifra de bosque perdido fue menor, las más de cuatro millones de hectáreas quemadas entre enero y octubre obligaron al Gobierno a declarar desastre nacional. Además, la presencia de fuego fue mayor en las áreas protegidas, según un informe de la FAN. Este mismo indica que, en los últimos dos años, en las 22 áreas de Bolivia se ha reportado uno de estos eventos.
Sitios como Río Grande y Valles Cruceños, Ríos Blanco y Negro, Iñao y El Palmar —bosques secos interandinos, bosque tucumano boliviano y bosque chaqueño serrano— sufrieron grandes impactos después de muchos años. Se trata de vegetación de montaña que no está adaptada al fuego, por lo tanto, la severidad puede generar un cambio drástico en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos, como lo explica Daniel Villarroel, subgerente de Investigación y Monitoreo de Ecosistemas de la FAN.
“Estos tres tipos de vegetación son contiguos, por lo que existe una reacción en cadena”, explica el investigador. La gravedad de un incendio en este ecosistema está asociada también a la función hídrica que cumple, pues genera agua que alimenta a dos cuencas: la del Piraí y Bermejo en Tarija, así como a la del Pilcomayo entre Tarija y Santa Cruz. “Toda el agua se termina generando a partir de estos bosques, donde además están las nacientes. Si la estructura se termina alterando, se estaría rompiendo el ciclo del agua”, precisa Villaroel.
Por estos días, se registran lluvias en las zonas de la Chiquitania más afectadas por los incendios de los últimos dos años, pero esto no quiere decir que una sequía severa podría presentarse durante la temporada de invierno.
“Las lluvias nos van a acompañar hasta la segunda quincena de marzo. Ahora está todo verde (en la Chiquitania), pero una sola helada y quema todo el monte, como sucedió en Roboré en 2019 cuando se desencadenaron los incendios. Un colega meteorólogo adelantó que se prevé fuertes heladas para junio y julio en el Cono Sur, y eso significa que vamos a estar sujetos a lo que ocurra en invierno”, advierte Pinto.
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Oswaldo Maillard, experto en sistemas de información geográfica de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), indica que en el 2019 y 2020 se registraron niveles severos de sequía. Aunque el 2021 ha empezado con lluvias, no se debe olvidar que las tendencias de las proyecciones de sequías a futuro “muestran un escenario preocupante”, especialmente en la región de Ascención de Guarayos, Puerto Suárez, San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos (Santa Cruz); considerada zona de riesgo.
Hay que tomar en cuenta, según el experto de FCBC, que los incendios registrados en años pasados repercuten en las funciones de los ecosistemas, desde la regulación del clima y el suelo, hasta la captación de carbono. “El bosque se vuelve cada vez más seco cuando hay este tipo de problemas (incendios) y es más susceptible a quemarse en años posteriores”, dice Maillard.
Insuficientes recursos en tiempos difíciles
Los incendios forestales de 2019 en Bolivia fueron los que tuvieron un mayor impacto a nivel nacional e internacional. Pusieron en evidencia la falta de un plan de prevención y de presupuesto para gestionar las áreas protegidas. “Algo que siempre ha sido una gran debilidad”, dice Cecilia Miranda, antropóloga con 25 años de experiencia en gestión de áreas protegidas y exdirectora de Planificación del Sernap.
Esta institución comenzó a funcionar en la década de los 90 con financiamiento internacional para los primeros 15 años. El compromiso del Estado boliviano era trabajar en estrategias financieras de autogestión a largo plazo, “algo que nunca se logró”, asegura la especialista.
Miranda afirma que cuando asumió la Dirección de Planificación, en noviembre de 2019, el déficit era de 22 millones de bolivianos (3,1 millones de dólares), de un presupuesto anual de 70 millones de bolivianos (10 millones de dólares) para las 22 áreas protegidas de Bolivia. Alrededor de 500 funcionarios trabajaban para gestionar estas áreas, de los cuales 300 eran guardaparques. La mayoría de ellos con contratos eventuales.
Teodoro Mamani, actual director ejecutivo del Sernap, señala que actualmente se tiene 111 ítems o contratos indefinidos con todas las prestaciones sociales para guardaparques y otros “seis o siete” para administrativos. El resto es personal que trabaja por contrato y depende de financiamiento de la Unión Europea y otras fundaciones que apoyan a la institución.
A este panorama hay que sumarle la pandemia. En 2020, los 14 parques nacionales habilitados para el turismo dejaron de recibir visitantes. Se estima que solo la Reserva Eduardo Avaroa, que es la que más genera este tipo de ingresos, perdió 7,7 millones de bolivianos (1,1 millones de dólares), según un documento de la Dirección de Planificación del Sernap al que tuvimos acceso para esta publicación.
Frente a esto llegó un fondo de la Unión Europea, con un desfase de seis meses debido al coronavirus. Como consecuencia, durante siete meses ningún área nacional recibió dinero para gastos operativos del Estado. “En muchas de ellas el tema logístico lo solventaba el apoyo de ONG, instancias amigas, comités de gestión, o el propio personal que con sus recursos financiaba gasolina”, asegura Miranda.
En el caso de El Palmar, Sardán sentencia que entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 no recibió “un solo boliviano”, por lo que cuando ocurrieron los incendios, tuvo que recurrir a la empresa privada, la Gobernación de Chuquisaca y el municipio de Presto para atender la emergencia. Su llamado de auxilio también fue escuchado por la plataforma ciudadana cruceña Alas Chiquitanas Voluntarios, que en la pasada gestión apoyó a 15 áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales, en seis de los nueve departamentos del país. Así también a 18 grupos de bomberos voluntarios, según su responsable, Daniela Justiniano.
En otras áreas del Chaco y Chiquitania, los fondos para atender la emergencia tardaron en llegar por problemas burocráticos, señalan funcionarios entrevistados para este reportaje que pidieron mantener en reserva su nombre.
El que sí recibió dinero gracias a la activación de un fondo internacional fue el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Su ahora exdirector, Sandro Áñez, cuenta que seis incendios -uno que se originó en Brasil y otro en los Territorios Comunitarios de Origen- ingresaron a la reserva y ardieron durante dos meses.
Durante el gobierno de transición, que duró de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, se logró activar un fondo fiduciario de la organización ambiental The Nature Conservancy que es ejecutado por la FAN en Bolivia. Este fondo se había suspendido durante la gestión del expresidente Evo Morales. “Acudimos a la ministra [de medio ambiente y agua] de la época y logramos que el Gobierno de Bolivia autorice y apruebe el financiamiento a la protección en general, pero pusimos un fuerte componente del tema incendios. Con eso logramos dotar a las brigadas”, detalla el exdirector del parque Noel Kempff Mercado.
El monto al que se refiere asciende a 800 mil bolivianos (más de 114 mil dólares) y es parte del Proyecto de Acción Climática para el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PAC-NK). Para este año, todavía no se conversó sobre los pasos a seguir, explica Karina Sauma, directora de Comunicación de la FAN.
Respecto al Presupuesto Operativo Anual (POA) 2021, Teodoro Mamani, director del Sernap, explicó en una entrevista concedida para este reportaje que la institución recibe del Tesoro General de la Nación (TGN) solo el 23 % de los recursos que necesita, “nada más para los sueldos”. El resto llega del apoyo de Países Bajos. “La Unión Europea nos está apoyando con 14 millones de bolivianos (2 millones de dólares), por lo que uno de nuestros objetivos es gestionar más recursos económicos. Hay gente que está trabajando diez o más años con contrato (eventual) porque no hay ítems suficientes”, lamenta.
Mamani ha adelantado que se abrirán los parques nacionales habilitados para el turismo, como una medida para generar recursos económicos. En este momento, el único que tiene certificación internacional de bioseguridad es Toro Toro, en Potosí.
La respuesta frente a la adversidad
La sociedad civil —representada por ONG, plataformas ciudadanas, activistas y entidades colegiadas, entre otros sectores— continúa trabajando en proyectos de prevención y conservación para enfrentar la época de incendios. Su rol ha sido vital en labores como la recolección de alimentos, herramientas, insumos y medicamentos para llegar a las zonas afectadas, pero también a lugares donde antes no se habían dado incendios, como Chuquisaca.
Los especialistas de la Fundación Amigos de la Naturaleza, por ejemplo, no solo realizan capacitaciones sobre gestión de riesgos en comunidades indígenas y campesinas de los municipios de Roboré, San Ignacio, San José, Puerto Suárez y Puerto Quijarro, también están recogiendo información en campo para saber dónde está concentrada la mayor demanda de uso de tierra, para identificar así los posibles puntos de origen de las quemas o incendios.
“En cada comunidad tenemos un sistema de alerta temprana, donde se mide las condiciones de riesgo —lluvia, viento, temperatura, humedad— para saber si se puede o no ejecutar una quema controlada”, explica Carlos Pinto.
Otra de las estrategias implementadas es la de quemas controladas pero desarrolladas por expertos en manejo de fuego, para reducir combustible en pasturas naturales secas. Para esta gestión se tiene previsto realizar al menos cuatro de estas llamadas “ecoquemas”: una en Tucabaca (Roboré), dos en Otuquis y una más en San Matías. Todo esto cuenta con un componente importante que es el uso de aplicaciones móviles para la detección y reporte temprano de focos de calor, explica Pedro Pablo Ribera de la FAN.
Desde otras ONG, como Fundación CLB, se prevé continuar con el apoyo a las áreas de conservación, no solo en el componente de fuego, sino también en otras necesidades.
“Este año vimos que es una necesidad apoyar en el desarrollo de las capacidades y pronta respuesta en el rescate, atención y translocación de animales afectados, así que gracias a la colaboración del Zoológico de Santa Cruz de la Sierra y Alas Chiquitanas, trabajaremos con el personal y cuerpo de protección de las Áreas Protegidas Municipales Gran Mojos y el Parque Departamental Iténez (Beni)”, dice Paola Montenegro, coordinadora de Programas de CLB.
Bomberos voluntarios como Quebracho, al mando de Diego Suárez, se alistan para hacer frente a las emergencias. Con una campaña intensa buscan recaudar 30 mil dólares para terminar de equipar el primer carro bombero forestal del país, para extinguir incendios de magnitud en zonas inaccesibles.
Para este reportaje intentamos conocer cuáles son los planes del actual Gobierno tanto en el tema de reactivación económica como en el de prevención de incendios, pero no hubo respuesta desde el Ministerio de Medio Ambiente ni a los mensajes ni a las llamadas telefónicas realizadas. La pregunta sigue pendiente: ¿Cómo enfrentará el gobierno la nueva temporada de incendios?
Imagen principal: Ñembi Guasu, dependiente del Gobierno Indígena Charagua Iyamabae, fue una de las reservas de conservación más afectadas por los incendios de 2019. Foto: Anahí Paravicini
