Hasta el 22 mayo, 46 territorios indígenas en Bolivia fueron registrados en riesgo de contagio por coronavirus, debido que se sobreponen a 23 municipios en los que se tiene 1.101 casos confirmados de la pandemia, según el monitoreo que desarrolla el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).
El Ministerio de Salud reportó hasta la fecha un total de 5.579 casos positivos de COVID-19 en todo el país. De acuerdo con el reporte del CPTA, 1.101 de estos casos se registraron en estos municipios cercanos a los territorios indígenas (TIOC) correspondientes a los departamentos de Beni, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
En el caso de Beni, los ocho municipios donde se tienen casos confirmados de COVID-19 se encuentran cercanos a 20 territorios indígenas y tres comunidades con asentamientos indígenas; en Santa Cruz, son 10 municipios cercanos a 20 territorios indígenas; en Cochabamba tres municipios cercanos a cinco territorios; en Tarija un municipio cercano a un territorio, y en Chuquisaca un territorio cercano a un municipio.
Marco Rivero, habitante del pueblo indígena Movima (Beni), que se sobrepone al municipio de Santa Ana de Yacuma, explica que los pobladores se encuentran preocupados debido a la presencia del primer caso de COVID-19, por lo que decidieron reforzar el control en los ingresos al territorio.
“Por el descuido de los controles es que se ha entrado este señor (portador del COVID-19) de Guayaramerín y ahora los pobladores de Santa Ana se encuentran preocupados con esta situación. Ahora es ponerse a un cuidado personal, al menos aquí en la tranca tenemos que tener un control comunario como en el cuidado de pueblo para que no entren personas con enfermedades”, explicó Rivero.
12 pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad se encuentran amenazados
De acuerdo con los datos recopilados por el CPTA-Cejis, son 1.051 casos positivos de coronavirus próximos a los territorios de los pueblos indígenas Ayoreo, Yuracaré – Mojeño (Santa Cruz), Yuqui, Yuracaré, (Cochabamba y Santa Cruz), Cabineño, Canichana, Chacobo, Pacahuara, Chimán, Tsimane, Sirionó (Beni) y Weenayek (Tarija). Estos pueblos se encuentran catalogados como colectividades en alto grado de vulnerabilidad y están protegidos por la Ley N° 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.
La norma establece que para estos pueblos que se encuentran en peligro de extinción, aislamiento voluntarios o forzado, no contactados o en contacto inicial, o poseen una forma de vida transfronteriza, el nivel central del Estado debe activar mecanismos de prevención en el ámbito de salud, tales como la ejecución de estrategias particularizadas y contextualizadas, además de precautelar la soberanía alimentaria a través del control de la caza y pesca ilegal en sus territorios, entre otras medidas.
“Ninguna de estas medidas han sido implementadas durante el periodo de cuarentena; más al contrario, el gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo Nº 4229 que permite el desarrollo de actividades mineras y agrícolas en territorios indígenas, como una medida para reactivar la actividad económica; sin establecer ningún protocolo que garantice la seguridad y la salud de los pueblos indígenas”, explica el director ejecutivo del Cejis, Miguel Vargas.
El viernes, las autoridades municipales y sanitarias de Macharetí confirmaron tres casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores del pozo exploratorio Sipotindi X1, que se encuentra en este territorio; pero estos datos no habrían sido reportados a los Sedes de Chuquisaca ni de Santa Cruz. Asimismo, mediante un voto resolutivo exigieron a la empresa la cesación de sus actividades y el repliegue de sus trabajadores, tomando todas las medidas de bioseguridad pertinentes. El municipio de Macharetí se sobrepone al territorio indígena guaraní Ñankaroinsa-Karandaití.
El Director Ejecutivo del Cejis indicó que, a pesar de contar con un marco constitucional y legal que ampara a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad en particular y al conjunto de comunidades indígenas que habitan el país y durante los dos meses de cuarentena, el gobierno nacional no ha desarrollado políticas con respuestas estructurales para atender las demandas de los pueblos indígenas para hacer frente a la crisis sanitaria, situación que aumenta la situación crítica que viven.
Foto de portada: mujer y niños indígenas Tsimanes, foto referencial. Créditos: Eduardo Franco Berton / archivo RAIBOLIVIA
Fuente: CEJIS
