Por RAI
Ayer martes 26 de enero, representantes del Comité Autoconvocado en Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia, conformado por colegios de profesionales, representantes de la sociedad civil e instituciones ambientales, entregaron ante las oficinas del Ministerio de la Presidencia y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en la ciudad de La Paz, un pronunciamiento con distintas observaciones a la reunión que sostuvieron ejecutivos del Sernap, con la dirigencia de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac), el pasado 21 de enero, en La Paz.
El pronunciamiento también será entregado hoy al Ministerio de Medio Ambiente y a la comisión de Medio Ambiente del Senado.
Aquí puedes leer el pronunciamiento
A la opinión pública:
Las instituciones y organizaciones de la sociedad civil autoconvocadas en un Comité de Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia, comunicamos las siguientes observaciones luego de la reunión que sostuvieron ejecutivos del SERNAP en La Paz con la dirigencia de ABOLAC, en fecha 21 de enero de
2021:
- Nos parece una falta de respeto y discriminación que no se hubiera recibido cordialmente a todos los guardaparques que viajaron desde diferentes áreas protegidas de Bolivia hasta la ciudad de La Paz, arriesgando su salud en este tiempo de rebrote por el Covid-19, para que participen de la reunión y escuchar también sus posiciones desde las diferentes necesidades de las áreas protegidas que representaban.
- Los guardaparques en su buena fe y sin tener la asesoría legal al momento de la reunión, han suscrito un acta que va en contra de sus derechos laborales, al aceptar una rotación dentro de los puntos tocados. Estas rotaciones deben ser justificadas y de manera temporal, toda vez que las mismas deben obedecer a una planificación cuya finalidad es el apoyo en el monitoreo, control y seguimiento a actividades de las áreas protegidas involucradas. Además, dichas rotaciones deben ser consensuadas con la participación de su Comité de Gestión.
En acta suscrita, el primer punto, señala: “se respetará la institucionalidad de los servidores públicos del SERNAP guardaparques y las correspondientes rotaciones de jefes de protección”. Nos preguntamos: ¿cuál es el objetivo de la rotación? tomando en cuenta que cada jefe de protección domina las potencialidades y amenazas del área protegida en la que trabaja.
Además, ¿cómo resolverán el problema de estar lejos de sus familias? ¿en este tiempo de pandemia, es coherente acaso realizar rotaciones de personal? ¿quién les solventará el gasto de viaje en sus días libres hasta su comunidad o población de origen? En estos casos, los costos de vivienda, pasajes, gastos extras, deben correr por cuenta de la institución que otorga un nuevo destino, como establece la Ley General del Trabajo.
Rechazamos dichas rotaciones sin justificación, ya que son usadas como una herramienta de presión o extorsión para la renuncia del personal en las áreas protegidas en las que se han desempeñado y adquirido conocimiento valioso por años, para su conservación. - El tercer punto dice que “se efectuarán las gestiones administrativas ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Ministerio de Economía y Finanzas para la creación de ítems para los guardaparques de SERNAP y puedan contar con los beneficios del bono de frontera, antigüedad, salud y vacaciones”. Como sociedad civil exigimos que los 205 guardaparques “eventuales” tengan el mismo salario que los guardaparques TGN porque desarrollan el mismo trabajo y que el SERNAP haga gestiones para que el Estado asuma los salarios con ítems TGN para todos.
El Estado debe asumir la responsabilidad de la gestión y conservación de las áreas protegidas, al ser éstas patrimonio de todos los bolivianos, como indica la Constitución Política del Estado en su Artículo 385, por los servicios ambientales que nos brindan. De la misma forma asignar recursos suficientes y oportunos para cumplir efectivamente con las responsabilidades en cada área protegida, ya que en muchos casos los mismos guardaparques ponen de su bolsillo para poder movilizarse o llevar a cabo su trabajo. - Dentro del acta suscrita no se plantean fechas para dar curso a la restitución de todos los jefes de protección, que fueron despedidos de forma injustificada.
Además, exigimos que de forma inmediata se realice la convocatoria pública para los puestos de directores de las áreas protegidas, en cumplimiento al Artículo 41 del Reglamento General de Áreas
Protegidas. Y que mientras eso se resuelva los jefes de protección asuman el interinato, como manda el RGAP. El SERNAP deberá resolver que hace con los directores que ha contratado incumpliendo la norma. - En el cometido que la conservación de las áreas protegidas conlleva a la conservación del patrimonio natural y cultural de las bolivianos y bolivianas, es imperante tener una “evaluación del estado de conservación de las áreas protegidas nacionales”, las cuales integran funciones ambientales; de las que dependen las comunidades, las ciudades; como la producción de agua. En ese sentido es imperante esta
evaluación para responder ante las amenazas actuales y futuras hacia nuestras áreas protegidas.
Desde la sociedad civil estaremos apoyando a la ABOLAC para que puedan tener un equipo legal que asegure que sus derechos laborales no sean vulnerados (invitamos a que más abogados se sumen también
a esta causa que es de todos, para evitar futuros atropellos) Nuevamente expresamos nuestro rechazo al accionar y las decisiones tomadas por el Sr. Teodoro Mamani, quien no cumple con las capacidades y conocimientos necesarios, ni la visión para poder proteger y conservar nuestro patrimonio natural y cultural que se encuentran representadas en nuestras áreas protegidas.
De acuerdo a la Ley N° 341 de Participación y Control Social, para fortalecer la democracia, transparencia, justicia y ética en el cuidado de nuestras áreas protegidas, seguiremos vigilantes y realizando un control sobre el trabajo que realiza el SERNAP y la agenda que tendrá con la ABOLAC para cumplir acuerdos.
Foto de portada: representantes de la Abolac, cuando realizaron un pronunciamiento el pasado 21 de enero ante las oficinas del Sernap, en La Paz.
