De acuerdo con el Boletín Alerta Común, que publica la red Unión Nacional de Instituciones por el Trabajo de Acción Social (UNITAS), durante los últimos meses, al menos cinco defensores de Derechos Humanos de la zona de Aguaragüe, Tarija, fueron hostigados por la empresa YPFB Chaco tras haber denunciado los daños cometidos por la empresa como consecuencia de las actividades extractivas en el lugar.
La empresa incumplió con el requisito de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, evitando contacto con los comunarios. Asimismo, la actividad petrolífera contamina los bancos de agua de la zona, limitando el acceso de las comunidades a este factor de vida.
En la publicación del boletín, se indica que el Ministerio de Hidrocarburos, responsable de asegurar el cumplimiento de los procesos respecto a las actividades hidrocarburíferas, se mantuvo ausente de la zona, por lo que los defensores reclamaron a funcionarios de Chaco, quienes se negaron a cumplir con la norma que los regula.
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Tras las protestas, la empresa inició procesos penales contra los cinco defensores, quienes, a la fecha, se encuentran con medidas cautelares, a la
espera de los procesos que instauraron por cumplir con su derecho a defender derechos.
Considerando lo ocurrido, el Observatorio de Defensores de la Red UNITAS, recuerda en el boletín Alerta Común que el accionar de la empresa es avalado por los operadores de justicia, que además de continuar con los procesos penales, no dan cuenta de las faltas y violaciones cometidos contra los procedimientos legales y los derechos de las comunidades afectadas.
”El Estado boliviano está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores, actores fundamentales para la vigencia de un Estado democrático respetuoso de los Derechos”, finaliza la publicación de Alerta Común.
*Publicación elaborada con datos del Boletín Alerta Común, de la Red UNITAS
Foto de portada: Parque Nacional Serranía del Aguaragüe. Créditos: SERNAP
