5 de Diciembre del 2019
Las juventudes latinoamericanas y del Caribe presentes en la COP25, declaramos nuestro primer pronunciamiento dentro del marco de la misma, obtenido mediante la discusión, el diálogo y el consenso, realizado de manera horizontal y colectiva, respecto a la situación de Latinoamérica y el Caribe ante la crisis climática y ambiental.
- En vista de que la región de América Latina y el Caribe es hogar de una mayor parte de la mega biodiversidad existente en el mundo y con consciencia de la relevancia ambiental, cultural y el valor que esto presenta para el planeta entero como sitio de mitigación ante el Cambio Climático, nos pronunciamos y exigimos, como jóvenes, como ciudadanos del mundo y de América Latina y el Caribe que el
sector público, privado, la academia, la sociedad civil y los demás sectores, se comprometan a actuar de manera conjunta a nosotros en la protección de la biodiversidad de esta región. Este compromiso se debe cristalizar mediante la implementación de medidas de mitigación y adaptación en las zonas naturales para su preservación, sumado a un fuerte impulso de las soluciones basadas en la
naturaleza, ya que las mismas no sólo representan una gran oportunidad para poder mitigar las emisiones de carbono, si no que además, promueven la justicia social y ambiental de la que todos y todas nos beneficiamos. - Rechazamos intensamente las políticas y las prácticas que incentiven la continuidad de una economía carbono dependiente, basada en la extracción de petróleo, gas natural y otros recursos fósiles para el sostén energético y económico de las naciones que integramos a América Latina y el Caribe. Consideramos que las naciones y los gobiernos, al incentivar estas prácticas y abrirles paso en sus planes de desarrollo y sus políticas, no sólo faltan a su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, si no que se convierten en una amenaza para las poblaciones mismas y traicionan de esta forma a la región entera. Esto es debido a que las consecuencias que tienen sobre los efectos del cambio climático las industrias y economías fósiles no conocen fronteras, extendiéndose y afectando de manera desigual a las distintas poblaciones y países que conformamos a esta región.
- Este fuerte rechazo también lo extendemos hacia las prácticas extractivistas y de deterioro ambiental con consecuencias socio-ambientales graves y sumamente injustas con el ambiente y las personas. Enfatizamos especialmente las prácticas que se desenvuelven y dependen directamente de los espacios intervenidos, donde las consecuencias representan delitos y faltas a los derechos humanos de las personas que dependen de los ecosistemas que estas prácticas destruyen.
- Hacemos un compromiso y erigimos una postura inflexible hacia la eliminación de las relaciones de opresión sobre distintos grupos de la sociedad, empezando por aquellas que existen hacia los grupos de pueblos originarios, las comunidades tradicionales, hacia las mujeres y disidencias, las y los afrodescendientes, las y los migrantes, entre otras. Reconocemos que es urgente que la opresión se extinga de nuestros territorios y que es sólo mediante una verdadera inclusión de estos grupos, que podremos hacer un frente efectivo para resolver las problemáticas ambientales que todos y todas compartimos. En general, exigimos un alto a toda forma de opresión, discriminación y exclusión a los grupos oprimidos, aún las no mencionadas de forma explícita en este documento.
- Exigimos que se incorpore la variable de género al referirnos al cambio climático. Tanto las políticas de mitigación como de adaptación deben considerar los distintos roles y responsabilidades que estas diferencias representan. No debemos permitir que las políticas de cambio climático exacerben las desigualdades de género existentes. Al contrario, se nos presenta una gran oportunidad para reducir la brecha existente.
- Así mismo, entendemos que las y los jóvenes cada vez ocupamos más espacio en la agenda pública, creemos que todavía falta para que tengamos verdadera incidencia en la toma de decisiones. Somos aproximadamente el 57% de nuestra región y no estamos debidamente representados en el sistema político. Es por esto que pedimos por un lado ser parte de los grupos negociadores internacionales pero también pedimos que se fomenten las condiciones para que podamos participar plenamente de nuestros sistemas políticos y parlamentarios.
- Nuestra región es una de muy alta vulnerabilidad a los conflictos socio-ambientales que se ven retroalimentados positivamente por los efectos del cambio climático. Por eso, urgimos a la acción de nuestros gobiernos, de las empresas que ejercen sus labores en esta región, de la sociedad, de las juventudes, de la academia y las organizaciones tanto intergubernamentales como de la sociedad civil a actuar de manera conjunta para detener estos impactos negativos con consecuencias ambientales y sociales catastróficas.
- Una de las zonas que necesita mayor enfoque por su vulnerabilidad ante el cambio climático son los ecosistemas marinos, las zonas costeras e insulares. Particularmente, los manglares, arrecifes de coral, las marismas y los pastos marinos ofrecen numerosos beneficios que coadyuvan al medio ambiente. Es necesario atender e implementar mejores medidas de conservación y protección por las zonas costeras y las zonas insulares. Además, estos ecosistemas, conocidos como ecosistemas de carbono azul, son pozos de carbono cruciales para la mitigación de las emisiones causantes del cambio climático pero son súmamente escasos en la superficie marina mundial.
- Invitamos a construir entre gobiernos, jóvenes y otras partes de la sociedad civil una economía circular, que desacople el uso intensivo de recursos del crecimiento de las economías de nuestra región. También requerimos a nuestros gobiernos implementar políticas públicas en reducción de producción de plásticos, particularmente los de un solo uso y microplásticos.
- Exigimos una reforma en el sistema de producción de alimentos. El modelo de producción agroindustrial está devastando ecosistemas y comunidades. Es necesaria una transición agroecológica y cultural inmediata que garantice la seguridad alimentaria. Exigimos el cese del uso indiscriminado y liberación de nuevos agrotoxicos, el cese inmediato de la deforestación, la transformación de ecosistemas, y la destrucción de comunidades y poblaciones animales y vegetales con los servicios ecosistémicos que éstas brindan. Proponemos la creación de proyectos de recuperación ambiental y saneamiento de las áreas degradadas. Es necesario transicionar nuestra alimentación a una dieta con cada vez menor consumo de productos de origen animal y acompañar dicha transición con una alimentación basada en vegetales integrales agroecológicos, sin explotación animal. Basta de industrialización animal.
- Debemos remarcar que tanto las propuestas de alimentación como la generación y gestión de residuos en esta Conferencia de las Partes, no cumplen con las medidas que se promueven en este mismo espacio y en los informes del IPCC. Para las próximas reuniones vemos necesario esto sea cambiado, brindando muchas más opciones de alimentación vegetarianas y veganas y reduciendo el uso de desechables.
- Exigimos que todos los países de la región declaren la emergencia climática y ecológica, empezando por una declaración a nivel gubernamental respaldada de un documento oficial y/o legal. La implementación debe recaer fuertemente en la acción de las administraciones y comunidades locales, contemplando en todas sus acciones a los sectores de la sociedad en su conjunto. Estas declaraciones deben trascender las palabras y los documentos y convertirse en acciones reales para el logro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de cada país y la carbono-neutralidad de la región hacia el 2050.
- Exigimos rotundamente que se detenga el asesinato, las amenazas físicas, psicológicas y todas formas de violencia y opresión contra las y los líderes ambientales de la región. Deseamos resaltar los casos de asesinato de Julián Carrillo, líder indígena en Chihuahua (México), Luis Arturo Marroquín (Guatemala), Macarena Valdés (Chile), Arnulfo Ceron Soriano (México), Berta Cáceres (Honduras), Paulo Paulino Guajajara (Brasil), Maria del Pilar Hurtado (Colombia), José Tendetza (Ecuador), entre tantos otros asesinados, asesinadas, perseguidos y perseguidas por su activismo e incansable compromiso con nuestra lucha. Para la juventud de la région es inaceptable la normalización y perpetuación de estos casos de opresión y violencia, por esto exigimos a los gobiernos y autoridades que se inicien los procesos y acciones para otorgar justicia a los afectados, así como implementar métodos de prevención necesarios y suficientes para garantizar la seguridad de todos aquellos involucrados en las causas y movimientos de protección ambiental, de protesta ante el extractivismo y frente a la acción climática. Levantamos la voz en nombre de todas y todos aquellos que lucharon y ya no están: Quien lucha por la vida, nunca muere.
- Insistimos en la importancia de que las decisiones sobre políticas climáticas incluyan, respeten y protejan los derechos humanos, y que toda acción que sea implementada no resulte en daños adicionales para las comunidades más vulnerables, incrementando la desigualdad ya existente en la región. Asimismo, extendemos nuestra profunda solidaridad y apoyo a los pueblos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela que hoy atraviesan estallidos sociales con justas demandas ciudadanas. Instamos a los gobiernos a detener de forma inmediata las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la represión a la legítima movilización social de estos pueblos, reconociendo que la crisis social es también una crisis ecológica.
- Por todo lo anterior, concluimos con un llamado inmediato a los gobiernos de los países de la región a firmar y ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Exigimos su ratificación antes de Diciembre del 2020. Las juventudes de Latinoamérica y del Caribe presentes en la COP25, así, terminamos nuestra primer declaración. Vale recordar, que estos 15 puntos fueron logrados mediante el consenso de todas y todos las y los participantes. Las y los que nos encontramos hoy aquí en esta Conferencia no lo hacemos porque sea un derecho si no, por que tenemos un gran privilegio, es por esto que llamamos a seguir expandiendo estos espacios de participación para toda la juventud de nuestros países.
Amulepe taiñ weichan
(Sigamos nuestra lucha)
