Ante el inicio de la primera reunión de partes del Acuerdo de Escazú que tuvo lugar hoy 20 de abril, la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), miembro de la Climate Action Network Latinoamérica (CAN-LA), y otras 40 organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, hicieron un llamado a los organizadores para que garanticen una participación efectiva de la sociedad civil independiente y el funcionamiento de todos los mecanismos que se establecerán para la operativización del Acuerdo.
La primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1), primer instrumento vinculante en América Latina y el Caribe para la promoción del Acceso a la Información, Participación Pública, Justicia, y protección de Defensoras y Defensores Ambientales, como sociedad civil articulada, se realizará del 20 al 22 de abril en Chile, a un año de estar vigente.
El Acuerdo de Escazú entro en vigor el 22 de abril de 2021, tras la ratificación que hicieron 12 países. Bolivia ratificó el Acuerdo regional, firmado en septiembre de 2018 en Costa Rica, mediante la Ley 1182, en junio de 2019.
Las organizaciones de la sociedad firmantes reconocen a los 12 países que hicieron posible la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, “el cual, correctamente implementado, promete ser un avance significativo para contribuir a la solución de las problemáticas socioambientales y climáticas de la región Latinoamericana”, señala el documento.
Tomando en cuenta que la sociedad civil podrá participar de manera presencia y virtual, solicitan a los organizadores:
1) Asegurar el mayor número de cupos posible para observadoras/es en forma presencial por sala, procurando que sean igual o mayor al número de estados firmantes.
2) La elaboración y publicación de protocolos claros, que aseguren que la participación de observadoras/es conectados a través de plataformas digitales sea accesible, constante, incidente y oportuna. Asimismo, limitar las instancias de decisión de carácter exclusivamente presencial mientras dure la pandemia del COVID-19.
3) Establecer mecanismos para la representación permanente de los pueblos indígenas; y comunidades afrodescendientes, campesinas, y otras comunidades vulnerabilizadas en los procesos de toma de decisión de la COP; incluyendo mecanismos para asegurar la inclusión de estos grupos en el Comité de Implementación del Acuerdo y la elección de Representantes Electas/os del Público.
4) Buscar mecanismos para asegurar que el público pueda participar en las negociaciones de manera significativa, e independientemente de los Estados parte y sus delegaciones, incluyendo apoyo financiero para dicha participación del público.
5) Establecer estrategias de empoderamiento jurídico para que los grupos que el Acuerdo tiene por objetivo beneficiar y proteger conozcan los procedimientos, mecanismos e instancias de participación en el marco de la COP y del Acuerdo, de manera clara, accesible, oportuna y adecuada.
Imagen principal: deforestación en la Amazonía de Brasil, publicada bajo licencia CC por CIAT International Center for Tropical Agriculture
